La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por Monagas, María Gabriela Hernández, fijó posición con respecto a la anulación por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las sesiones hechas este año por el Parlamento.
Recordó que en 2016 la mayoría opositora aprobó tres acuerdos sobre la ruptura del hilo constitucional, la responsabilidad del presidente de la República en el deterioro del país y la responsabilidad en los problemas sociales, económicos y humanitarios. Explicó que la sanción de abandono del cargo se fundamenta en la negligencia del presidente de la República en el cumplimiento de sus funciones.
“La causal quinta de falta absoluta del Presidente de la República está establecida en el artículo 233 y el 232 señala la responsabilidad del presidente en cuanto a las garantías y derechos de los ciudadanos. Maduro ha incumplido con todas sus obligaciones al permitir que los ciudadanos padezcan por falta de alimentos y medicinas, entre otros”, mencionó Hernández.
Explicó que la AN cumplió de forma constitucional y la consecuencia inmediata de la sanción de “abandono del cargo” es la convocatoria a elecciones en los siguientes 30 días, una vez son notificados los otros poderes de la decisión.
“Eso sería lo normal en un gobierno serio y democrático, por tanto, es necesaria la participación de los ciudadanos en la calle manifestando pacíficamente el 23 de Enero sin miedos, tapujos y bozales para exigir respeto a la constitución y el llamado a comicios lo más pronto posible”, sostuvo.
Hernández mencionó que el Parlamento nacional no puede ser disuelto y en ese sentido desestimó las advertencias del oficialismo. Analizó el artículo 200 de la Constitución que de forma taxativa señala que solo puede ser disuelta la AN tras la remoción del Vicepresidente o Vicepresidenta.
La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución.
La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su período constitucional.
Persecución a dirigentes opositores
La parlamentaria rechazó la detención de Gilber Caro, diputado y dirigente de Voluntad Popular (VP) además de otros dirigentes en varias zonas del país. “Gilber es un líder social y un testimonio de cómo puede reinsertarse el hombre en la sociedad y renacer de sus propias cenizas como el ave fénix”, reflexionó.
Del mismo modo, rechazó las detenciones de los concejales Roniel Farías, Jorge González y Romer Rubio, además del dirigente estudiantil Irving Roca y la persecución al gobernador del estado Miranda Henrique CaprilesRadonski.
Por último la diputada no aclaró cuál es su situación en VP. Sobre el tema detalló que son situaciones internas que se debaten para su resolución y que “ante tamaño desastre que hay en el país, resultan sin importancia. Conozco mi valor, conozco mi trabajo, lo que estoy haciendo y nadie me sacará de ese norte”, subrayó.