El presidente de EEUU, Donald Trump, se prepara para suspender las medidas que protegen de la deportación a los jóvenes indocumentados, negar el ingreso a los extranjeros que son una “carga” para el estado y revisar la inmigración legal que “perjudique” a los estadounidenses, según documentos filtrados a la prensa, reseñó EFE.
Trump también tiene previsto endurecer las condiciones de entrada a Estados Unidos de los habitantes de varios países de mayoría musulmana, según los borradores de cuatro acciones ejecutivas filtradas al portal de noticias “Vox” y publicadas en su web.
En la primera de esas órdenes, todavía pendiente de revisión por la Oficina Ejecutiva del presidente, Trump se propone cumplir una de sus promesas de campaña y derogar el Programa de Acción Diferida (DACA), que ha permitido frenar la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados, conocidos como “dreamers” (soñadores).
El programa DACA, proclamado en 2012 por el ex presidente Barack Obama, permitía a los jóvenes frenar su deportación, obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir, aunque establecía que para seguir gozando de estos beneficios los jóvenes debían renovar el permiso cada dos años.
En la orden de Trump, a la que accedió “Vox”, se establece que los indocumentados ya no podrán renovar ese permiso, de forma que los jóvenes vuelven a un “limbo” legal que hace que en cualquier momento puedan ser expulsados al país del que salieron de niños y que en muchos casos ni siquiera recuerdan.
Según el documento, titulado “acabar las amnistías ejecutivas inconstitucionales” Trump permitirá a los jóvenes que ya se hayan acogido a DACA conservar su permiso de trabajo hasta que expire, en algún momento de los próximos dos años.
En otra de las órdenes ejecutivas obtenidas por “Vox”, Trump restringirá la entrada al país a los extranjeros que supongan una “carga” para las arcas del Estado y deportará “lo más rápidamente posible” a aquellos que se hayan convertido en una “carga” y vivan de manera irregular en el país.
“Nuestras leyes migratorias deben asegurarse de que Estados Unidos no da la bienvenida a individuos que tienen probabilidades de convertirse o se han convertido en una carga para los contribuyentes”, determina la orden ejecutiva, cuya autenticidad no ha confirmado la Casa Blanca.
En ese documento filtrado a “Vox”, se pide la elaboración de un plan para combatir el “turismo de nacimientos”, definido por el Gobierno como “aquel en el que los individuos viajan a EEUU para dar a luz” con el objetivo de que los hijos de extranjeros adquieran la ciudadanía estadounidense.
La tercera orden ejecutiva, siempre según “Vox”, buscaría reducir la inmigración legal a Estados Unidos con el objetivo de “priorizar los intereses de los trabajadores estadounidenses, y en el máximo grado posible, sus trabajos, sus salarios y el bienestar de esos trabajadores”.
En concreto, la orden propone la revisión por el Departamento de Seguridad Nacional de diferentes tipos de visados de trabajo para establecer si deben conservarse o eliminarse.
Una última acción ejecutiva publicada por “Vox” y filtrada también a otros medios, como The Washington Post, está diseñada para “proteger a la nación de ataques terroristas de extranjeros”.
Este decreto establece que debe suspenderse la entrada a Estados Unidos de los nacionales de una serie de países en un plazo de 30 días desde la entrada en vigor de la orden.
Aunque no menciona explícitamente a ningún país, la orden dice que las naciones afectadas serán las incluidas en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado (Irán, Sudán y Siria), así como los designados como países de preocupación por el Departamento de Seguridad Nacional (Libia, Somalia y Yemen).
A ellos se sumaría Irak, mencionado como país a tener bajo observación dentro del programa conocido como “Visa Waiver” (VWP, por su sigla en inglés) y de otra ley de 2015 contra el terrorismo.
También se menciona en esa orden del portal “Vox” la prohibición de entrada de refugiados a Estados Unidos durante cuatro meses, periodo tras el cual debe reanudarse la admisión de refugiados pero bajo el escrutinio del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el director de Seguridad Nacional.