La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington ha manifestado a través de un comunicado oficial su preocupación por el reciente cierre de la frontera con Brasil, y especialmente con Colombia, e insta a dejar sin efecto los obstáculos que impidan el libre tránsito en esa área, indicó el exembajador y parlamentario nacional jubilado Walter Márquez.
Igualmente –señaló- la CIDH ha manifestado su preocupación por el aumento de la emigración venezolana y llama a los países a colaborar frente a la crisis humanitaria por la que está atravesando Venezuela y las consecuencias que esto trae.
— En ese sentido compartimos y respaldamos la preocupación de los integrantes de esta comisión de la OEA como máximo organismo interamericano de defensa de los derechos humanos y monitoreo de la violación de los mismos por parte de los estados, al exhortar a sus países miembros a adoptar medidas que refuercen “los mecanismos de responsabilidad compartida con relación a la situación de los migrantes venezolanos, a la vez que les insta a no adoptar medidas que limiten o vulneren los derechos humanos de los migrantes y de los solicitantes de refugio procedentes de Venezuela”, quienes se han visto obligados a migrar “como mecanismo de supervivencia”.
Como ejemplo de esta situación, el comunicado se refiere particularmente a la deportación de 450 venezolanos el 9 de diciembre pasado en Brasil, en su mayoría indígenas Warao, quienes estaban en situación migratoria irregular en Boa Vista, estado de Roraima, y a quienes se les habría negado el derecho de exponer sus circunstancias individuales y colectivas, y ese mismo día “fueron montadas en autobuses para ser trasladadas hasta la ciudad de Santa Elena de Uairén”, medida su paralizada por una medida administrativa y judicial.
“Según información de público conocimiento, la migración de personas de nacionalidad venezolana a los Estados de la región ha venido aumentando de forma exponencial en los últimos años. En este sentido, la Comisión observa con suma preocupación el aumento exponencial en el número de solicitantes de asilo provenientes de Venezuela. De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales de 2012, la cifra de solicitantes de asilo de Venezuela era de 505, pasando a 1.153 en 2013, 4.820 en 2014 y 15.094 para finales de 2015. Lo anterior representa un aumento porcentual de 2.889% en el número de personas venezolanas que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en el exterior entre 2012 y 2015”, indica el comunicado.
Igualmente señala: “Con relación al aumento de la migración de personas venezolanas a los países de la región, dentro de un marco de responsabilidad compartida, la Comisión insta a los Estados de la región a adoptar medidas tendientes a brindar un trato humanitario y respuestas de protección internacional a personas procedentes de Venezuela a través de la protección de los refugiados, a considerar formas de protección complementaria de conformidad al artículo 22.8 de la Convención Americana, a aplicar regímenes de visas humanitarias, a aplicar regímenes de protección temporal por razones humanitarias, así como aplicar otras alternativas de regularización con base en la normativa migratoria nacional y regional”.
Con relación a las áreas limítrofes “la Comisión expresa su preocupación por la decisión de Venezuela de cerrar sus fronteras. Venezuela decretó el cierre de la frontera con Brasil el pasado 14 de diciembre de 2016. El cierre de la frontera con Brasil se suma al ya existente cierre de la frontera con Colombia desde agosto de 2015. Al respecto, la CIDH insta a Venezuela a dejar sin efectos todas aquellas medidas que obstaculicen el derecho de todas las personas a salir del territorio venezolano, así como a solicitar y recibir asilo, a solicitar y recibir protección complementaria u otra respuesta de protección”.
Ante la actitud del gobierno venezolano que ha hecho caso omiso a llamados anteriores de gobierno y organismos internacionales para el cumplimiento de los tratados suscritos en materia de derechos humanos, Walter Márquez indicó que de no hacerlo en esta oportunidad, sencillamente configurará aún más los crímenes de lesa humanidad, que han ocasionado la deportación forzosa de colombianos en la frontera, “recordemos que a partir del 21 de agosto de 2015 hubo una expulsión de más de 1.500 colombianos en la frontera entre Colombia y Venezuela por San Antonio del Táchira y la destrucción de más de 200 de sus viviendas, violando tanto leyes binacionales como tratados internacionales”.
Ese caso –acotó Walter Márquez- está siendo ventilado por la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, a cuya instancia recurrimos en enero del año pasado, y ahora estamos preparando dos nuevas denuncias, una por crímenes de lesa humanidad bajo la figura del delito de exterminio por falta de alimentos y medicinas, y la otra es el crimen de racismo y apartheid por el caso de Amazonas que está tipificado como un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, donde ha habido trato discriminatorio desde el punto de vista étnico y racial por parte del TSJ , el gobierno nacional y la propia Asamblea Nacional contra los 3 diputados de esa entidad federal, así como el pueblo de Amazonas que tiene más de un año sin representación parlamentaria ante la AN, a la cual tienen derecho por normas constitucionales, leyes especiales y tratados internacionales.