Un reporte de IPYS Venezuela en torno a los últimos once años de gestión de Conatel devela que su relación con el partido de gobierno la ha convertido en un árbitro parcializado, carente de autonomía, que se utiliza como un motor político que hostiga a los medios críticos y a las voces disidentes.
Entre enero de 2005 y septiembre de 2016, Conatel acumuló 56 casos de violaciones a la libertad de expresión, que desencadenaron 129 acciones de investigaciones, multas, cierres, incautaciones de equipos y medidas de censura en los medios tradicionales, y en las plataformas digitales a lo largo de once años. De ellas se derivaron 50 cierres de estaciones televisivas y radiales en distintos estados de Venezuela, de las cuales se desconoce su estatus actual.
Al menos, 88% de estas 56 decisiones han sido tomadas por directores que han tenido una militancia activa en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estos hechos han forzado un giro en el ecosistema de medios radioeléctricos en el país. Las ventanas para la denuncia y la crítica fueron desapareciendo por las órdenes estatales hasta lograr establecer un sistema atemorizado y cauteloso, que esquiva las coberturas noticiosas y de interés público, para evitar sanciones de Conatel.