El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la nominación del senador Jeff Sessions como próximo fiscal general del país, después de varios retrasos forzados por los demócratas tras la polémica levantada por el despido fulminante de la fiscal general en funciones, Sally Yates. EFE
Con once votos a favor y nueve en contra, el senador por fin superó el escollo del comité, y ahora su designación pasará al pleno de la Cámara alta, donde se espera que su confirmación sea más sencilla, ya que solo necesita mayoría simple y los republicanos cuentan con 52 de los 100 escaños.
El ya difícil camino de confirmación del senador por Alabama, dado su extremismo en asuntos migratorios y femeninos, se volvió más controvertido después de que el presidente Donald Trump relevara el martes del cargo a Yates por insubordinación, ya que esta consideró ilegal la orden emitida por el mandatario para no permitir de forma temporal la entrada a los nacionales de siete países musulmanes.
Los demócratas elogiaron durante el debate de confirmación de Sessions la decisión de Yates y acusaron al senador de ayudar a Trump a redactar la orden, una reclamación que el presidente del comité, el republicano Chuck Grassley, negó.
“No estoy seguro de si eso sería un problema, incluso si estuvo involucrado. Pero el hecho es que no lo estuvo”, dijo Grassley.
Los demócratas han criticado duramente la orden de Trump y el despido de Yates, y alegaron que cualquier voto a favor de Sessions es un voto para permitir que Trump acabe con la independencia entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Senador durante 20 años, Sessions se convirtió durante la campaña electoral del pasado año en uno de los más fieles asesores de Trump, con quien coincide en numerosas ideas, como la creación de una política de mano dura contra el crimen y la deportación masiva de los indocumentados que viven en Estados Unidos.
En el Senado, Sessions fue en una de las voces más beligerantes contra los proyectos legislativos que debatió el Congreso en 2007 y 2013, con el fin de abrir un camino a la ciudadanía para parte de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en el país.
El senador también está a favor de acabar con los “resquicios legales” sobre el asilo para los refugiados y quiere la “repatriación obligatoria” de todos los menores inmigrantes que cruzan solos la frontera, la mayoría procedentes de Centroamérica.