La voluntad de Donald Trump de cerrar las fronteras de Estados Unidos a potenciales “terroristas” engendró un enorme rompecabezas jurídico entorno a una pregunta: ¿Hasta dónde llegan los poderes del presidente estadounidense en materia migratoria?
– ¿Quien van a zanjar el conflicto? –
La disputa podría ser resuelta por la Corte Suprema en Washington, al ser la encargada de definir el marco constitucional del Ejecutivo y de unificar la jurisprudencia.
Pero antes se debe esperar el fallo del tribunal de Apelaciones de San Francisco, que examina la decisión del juez James Robart, quien suspendió a nivel nacional la aplicación del decreto presidencial, que prohíbe el ingreso de migrantes de siete países de mayoría musulmana por 90 días y de refugiados por 120 (para los sirios la medida es indefinida).
Los tres magistrados de esta jurisdicción –dos nombrados por presidentes demócratas, otro nombrado por un presidente republicano– escucharon argumentos a favor y en contra y determinará esta misma semana si el fallo se mantiene o el decreto vuelve a entrar en vigencia.
Dado que es un juez federal, la decisión de Robart tiene amplio alcance y efecto en todo el territorio nacional.
– Fuerzas en pugna en la corte de Apelaciones –
Los demandantes principales son los estados demócratas de Washington y Minnesota (norte), ambos fronterizos con Canadá.
Varios grupos han presentado ante la corte documentos para apoyar la demanda contra el decreto, en especial la poderosa Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el observatorio de extremismo Southern Poverty Law Center y la defensora de los refugiados HIAS.
Cerca de 300 profesores de Derecho y unas 130 empresas tecnológicas de Silicon Valley presentaron documentos legales para apoyar la decisión del juez Robart.
Adicionalmente, otros 15 estados y la capital federal de Washington anunciaron el lunes que enviaron un memorando demandando la confirmación de la decisión.
Además, ex altos funcionarios demócratas, como los exsecretarios de Estado John Kerry y Madeleine Allbright, y Leon Panetta, ex ministro de Defensa de Barack Obama, afirmaron en una declaración que el decreto de la discordia “erosiona la seguridad nacional”.
En el bando opuesto están el presidente Trump y su gobierno, quienes son defendidos por abogados del Departamento de Justicia.
Ellos apelaron la suspensión del decreto después de que el mandatario calificara a Robart de “pseudo juez” y a su decisión de “escandalosa”.
– Argumentos jurídicos de las partes –
Trump ampara su polémica decisión en los poderes que le confiere la Constitución de Estados Unidos. Según el artículo 2, el presidente tiene toda la autoridad para manejar la política exterior y la de inmigración.
El decreto “se inscribe en el ejercicio legal de la autoridad presidencial”, dijeron los abogados del gobierno en un documento presentado el lunes ante la corte de apelaciones de San Francisco.
Esa postura se basa en el artículo de una ley adoptada hace 65 años, que estipula que el presidente tiene la facultad de suspender el ingreso al país a una categoría de extranjeros cada vez que considere que su llegada “sería nefasta para los intereses” de Estados Unidos.
El gobierno también argumenta que la justicia está poco calificada para decidir en asuntos de seguridad nacional: “Los tribunales no tienen acceso a información confidencial sobre la amenaza de las organizaciones terroristas”, escribieron.
Los opositores al decreto también apelan a la Constitución, alegando que la decisión de Trump viola principios fundamentales como la libertad de desplazamiento, la igualdad de las personas y la prohibición a la discriminación religiosa, entre otros.
Asimismo consideran que la justicia es un contrapoder del Ejecutivo, que debe proteger a las minorías.
Los sectores que apoyan la suspensión del decreto también consideran que la medida tendrá consecuencias negativas en el sector laboral, la educación y los negocios.
– La próxima etapa –
La corte de apelaciones de San Francisco podría validar el decreto de Trump o confirmar su suspensión.
En el primer caso, las autoridades no han anticipado si habrá medidas para evitar detenciones y expulsiones en los aeropuertos, que causaron protestas en varias ciudades del país e indignaron a la comunidad internacional.
Pero si la decisión del juez Robart se mantiene en todo el país, los refugiados y los migrantes de los siete países implicados podrán seguir ingresando a Estados Unidos.
La parte en desacuerdo podrá acudir a la Corte Suprema, que de acceder a revisar el caso requerirá una mayoría de cinco sobre ocho de sus magistrados para revocar la decisión del tribunal de apelaciones en San Francisco.
La Corte Suprema está dividida ideológicamente entre cuatro jueces conservadores y cuatro progresistas. El noveno, designado por Trump la semana pasada, también es conservador, pero el Senado tardará varios meses en confirmar su nombramiento. AFP