Las fuerzas democráticas del país deben declararse en alerta roja frente a la imposición de normas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la relegitimación de los partidos políticos, lo cual se convierte en una amenaza en vez de una solución para la existencia de los partidos políticos que hacen vida pública en Venezuela, indicó el parlamentario nacional jubilado Walter Márquez, presidente de la ONG de Derechos Humanos Fundación El Amparo.
Nota de Prensa
Resaltó Márquez que con esta decisión se están violando las garantías establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República, referente a los derechos que tienen “todos los ciudadanos y ciudadanas de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección”; es decir, “el derecho a fundar y a participar en organizaciones políticas”.
Además de violar la constitución –expresó-, se viola la ley de partidos políticos y manifestaciones públicas que contempla los procedimientos para la organización de los partidos políticos. “Los derechos humanos como electorales son progresivos, no pueden retroceder. En materia de asociaciones políticas están garantizados por la Constitución, las leyes y tratados internacionales, y existen partidos históricos en el país que no deben ser disueltos mediante obstáculos burocráticos, como el caso de Acción Democrática, Copei, Movimiento Al Socialismo, y Causa R, el Partido Comunista de Venezuela y Redes, así como las nuevas corrientes del pensamiento político venezolano como Primero Justicia, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Movimiento Progresista Venezuela, entre otros; en síntesis, tanto los partidos históricos como los nuevos partidos tienen derecho a renovarse de manera libre, sin ningún tipo de obstáculo.
Estas trabas por parte del gobierno, a través de su órgano ejecutor, simpatizantes del Psuv, como son las rectoras del Consejo Nacional Electoral, viola el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana que señala que son elementos esenciales de la democracia el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, así como el artículo 5 de la mismo instrumento internacional que establece que el fortalecimiento de los partidos y otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia; es decir, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, suscrita por Venezuela, la presencia de los partidos fortalece la democracia, manifestó el legislador jubilado.
Considera Walter Márquez que el gobierno, ante la aplastante derrota del pasado 6 de diciembre de 2015, y la pérdida progresiva de la mayoría electoral en el país, “está optando por seguir el modelo cubano y nicaragüense de crear partidos únicos, y si dejan crear algunos partidos de oposición lo hacen de manera que ellos (el gobierno) los puedan controlar, así que los factores democráticos deben desobedecer esas normas del CNE, es decir, pasar a la desobediencia civil, generar un movimiento de rebelión popular, de rechazo a las actuaciones frente al régimen, que por un lado irrespeta la soberanía popular expresada en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, cuando de manera ilegal y arbitraria, a través de un escandaloso fraude creado por Jorge Rodríguez y el Psuv, desconocen la soberanía popular del estado Amazonas y sus diputados, y luego, mediante un fraudulento y falso desacato, propiciado por el propio gobierno y el TSJ en contra de la Asamblea Nacional, limitando la soberanía popular, y ahora van a una acción directa de disolver o limitar los partidos políticos y la MUD”.
En este sentido señaló el también historiador que la MUD y las fuerzas democráticas “deben declararse en emergencia y enfrentar abiertamente esta dictadura, quienes creen que estamos en democracia que entiendan que todos los zarpazos que ha dado el régimen van en contra de la soberanía popular, así que aparte de las acciones nacionales, a través de Luis Almagro, secretario general de la OEA, solicitar que se invoque la Carta Democrática Interamericana que se está violando en sus artículos 3 y 5, además de las limitaciones que les han impuestos a los parlamentarios como Luis Florido y William Dávila a quienes le han anulado sus pasaportes sin ninguna causa ni procedimiento administrativo o judicial”.
Por último destacó que justamente las acciones del gobierno representan “la mayor confirmación de que estamos en presencia de un régimen dictatorial y los regímenes dictatoriales se enfrentan con acciones de calle y con acciones sociales contundentes, con las cuales se debe hacer retroceder al régimen, por lo que debemos luchar firmemente por rescatar de manera plena la democracia y el estado de derecho”.