Venezolanos en el exterior sin pasaporte quedarían en un “limbo jurídico”

Venezolanos en el exterior sin pasaporte quedarían en un “limbo jurídico”

(Foto AP)
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La cédula de identidad y el pasaporte son para todos los venezolanos un derecho establecido en el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que indica que todo ciudadano venezolano tiene el derecho a obtener registros civiles y públicos que compruebe su identidad biológica. Por consiguiente, aquí también se viola el artículo 50, que permite a todo ciudadano transitar libremente por todo el país y a entrar a la nación sin autorización alguna. Así lo reseña El Impulso.

Por ende la restricción para tener acceso a un documento de identidad es una violación a los derechos humanos, desconociendo en el artículo 19 de la CRBV, el cual garantiza que el Estado brindará a sus ciudadanos el goce -sin discriminación- de los derechos humanos.

Desde el año 2016 se ha acrecentado la falta de material para la impresión de pasaportes en Venezuela, así como en los consulados y embajadas en otros países, pues hay quienes han tardado hasta un año para culminar el trámite de renovación de su documentación. El país donde te encuentres no hace la diferencia, las trabas y excusas son las mismas, más aún cuando de sistema caído se trata.





El sistema que utiliza el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) se encuentra interconectado con el principal en Venezuela; es por ello que cuando en el país ocurre alguna falla técnica, esto también se genera en los consulados.

Según entrevistas realizadas a venezolanos en Estados Unidos, regularmente deben viajar a otras provincias, lo que implica gastos y permisos en trabajos y escuelas, por ende, el trámite deben realizarlo en la fecha que se estableció la cita inicialmente.

Los problemas de documentación que viven los venezolanos inmigrantes los han llevado a la deserción estudiantil, pues es un requisito necesario para poder cursar estudios de cualquier tipo, por no ser ciudadano legal del país correspondiente.

Yonaide Sánchez, coordinadora del capítulo Lara de Transparencia Venezuela asegura que han recibido desde inicios de febrero de 2017 más de 115 denuncias, de las cuales 12 corresponde a las hechas desde el exterior y 4 del estado Lara.

“El tema del pasaporte está en el tapete desde hace tiempo, pero desde hace unos tres meses ha recrecido de manera significativa, con mayor énfasis en octubre y noviembre, seguramente había personas que estaban esperando pasaportes porque viajaban en diciembre”, comentó Sánchez, añadiendo que desde el primero de febrero activaron los canales de denuncia para este problema.

Aseguró que la gente siente indefensión, porque no saben qué otro procedimiento realizar luego de haber hecho todo lo reglamentario. Desde el exterior al perder la vigencia de la documentación y no poder hacer trámites, obtener un trabajo o poder continuar los estudios, se está utilizando el término “limbo jurídico”.

Sánchez aseveró que la situación de documentación en el exterior se presenta desde hace alrededor de cinco años, pero se ha vuelto notorio en los últimos meses, a la par que se ha acrecentado en Venezuela.

“Para nadie es un secreto la migración que ha habido en el país, se está hablando de los dos millones de venezolanos”, recordó la coordinadora, resaltando que estas personas sienten angustia porque hay quienes tienen hijos, hermanos fuera del país y se atemorizan ante la idea de no verlos más.

Otra intriga que ronda a los venezolanos, es cuando cuentan con doble nacionalidad. En un comunicado hecho por la embajada de Venezuela en los Estados Unidos en la resolución DM Nº 029 del 28 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela extraordinaria No. 6.177, de la misma fecha, se establece que los venezolanos con doble nacionalidad no podrán ingresar al territorio nacional con el segundo pasaporte; es decir que deben entrar, permanecer y salir con el documento venezolano, pero muchos no logran renovarlo.

“No solo se están vulnerando derechos que están consagrados en la Constitución; también que están violando los derechos a la filiación.?Son derechos de tercera generación”, explicó Sánchez.

Es importante acotar que en reiteradas ocasiones se contactó al coordinador regional del SAIME, Johan Hernández para conocer las cifras y declaraciones del ente pero no fueron posibles las comunicaciones.

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