El Gobierno de México pidió perdón el martes a tres mujeres indígenas que pasaron más de tres años en prisión luego de que fueron acusadas falsamente por la fiscalía nacional de haber secuestrado a siete policías federales y portar cocaína.
Reuters
En un acto público, las humildes mujeres de una comunidad del centro-sur de México recibieron una disculpa del titular de la fiscalía, acto obligado tras la sentencia de un tribunal como parte de la reparación del daño que sufrieron.
“La PGR (fiscalía nacional) incurrió en una actividad indebida y generó con ello una afectación a su honor, a su propia imagen y a la percepción generada en su comunidad respecto de ustedes”, dijo en un acto público Raúl Cervantes, fiscal nacional.
Cervantes agregó que Alberta Alcántara, Jacinta Francisco y Teresa González, arrestadas en 2006 y liberadas más de tres años después, “fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles”.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y quien litigó el caso por casi 10 años, dijo que “el honrar su palabra y aceptar que siempre tuvieron la razón (…) es lo mínimo que el Estado les debe de garantizar en retribución”.
El caso de González, Francisco y Alcántara puso al desnudo una vez más las violaciones de derechos humanos contra sectores pobres y las irregularidades del sistema judicial mexicano.
Patrón calificó este acto como un logro en un país donde el 98 por ciento de los delitos permanecen en la impunidad, “donde existen más de 28.000 desaparecidos y la tortura es generalizada”.
“Para mí, esta disculpa pública es una gran victoria”, dijo Teresa González, quien además pidió al fiscal Cervantes “que las autoridades no fabriquen pruebas (…) que lleven a inocentes a prisión”, como ocurrió con ellas.
En 2013, un maestro indígena que pasó 13 años en la cárcel acusado del asesinato de siete policías fue liberado luego de que el Estado reconoció su inocencia y serias fallas en el caso.