El periodista de Radio Camoapa, Raúl Martínez, ha sido llamado “empleado de los organismos del imperio” por las autoridades municipales, expulsado de los cabildos públicos, ha recibido amenazas de muerte incluso “al aire” durante la trasmisión de su programa, en un contexto en el que su trabajo informativo lo lleva a ser el medio en que se expresan los ciudadanos para denunciar la corrupción institucional y las irregularidades en la gestión pública. Así lo reseña laprensa.com.ni
Por Leonor Álvarez y Noel Amílcar Gallegos
La experiencia de Martínez es la historia del periodismo crítico en Nicaragua, pero en la esfera local esta labor social se ejerce en soledad y se ve directamente afectada por las limitaciones que impone el poder, valoró Adrián Uriarte, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCC y quien realizó una investigación sobre periodismo local (Corresponsales, una mirada al país).
Martínez tiene 12 años de trabajar en Radio Camoapa, ubicada en el municipio del mismo nombre, del departamento de Boaco, desde donde abre espacio a los ciudadanos que denuncian las irregularidades de la explotación minera de la zona, las denuncias de expropiación de tierras por el desarrollo de la hidroeléctrica El Carmen, el delito de abigeato (cada vez más generalizado en la región) y temas políticos, como el de los grupos rearmados que rondan la localidad.
“Cuando se dieron los conflictos con el tema de la hidroeléctrica en Camoapa, las autoridades municipales dijeron que no eran las personas autorizadas para hablar sobre ese tema y esa es la cancioncita de nunca acabar. Vos llegás a una institución y te dicen: ‘No soy la persona autorizada para hablar de ese tema’”, recuerda Martínez, sobre la falta de acceso a la información.
La experiencia de Martínez es la historia del periodismo crítico en Nicaragua, pero en la esfera local esta labor social se ejerce en soledad y se ve directamente afectada por las limitaciones que impone el poder, valoró Adrián Uriarte, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCC y quien realizó una investigación sobre periodismo local (Corresponsales, una mirada al país).
Martínez tiene 12 años de trabajar en Radio Camoapa, ubicada en el municipio del mismo nombre, del departamento de Boaco, desde donde abre espacio a los ciudadanos que denuncian las irregularidades de la explotación minera de la zona, las denuncias de expropiación de tierras por el desarrollo de la hidroeléctrica El Carmen, el delito de abigeato (cada vez más generalizado en la región) y temas políticos, como el de los grupos rearmados que rondan la localidad.
“Cuando se dieron los conflictos con el tema de la hidroeléctrica en Camoapa, las autoridades municipales dijeron que no eran las personas autorizadas para hablar sobre ese tema y esa es la cancioncita de nunca acabar. Vos llegás a una institución y te dicen: ‘No soy la persona autorizada para hablar de ese tema’”, recuerda Martínez, sobre la falta de acceso a la información.
Son “héroes”
Uriarte calificó de “héroes” a los periodistas críticos de los municipios, porque pese a sus limitaciones y la falta de respaldo institucional, considera que “se enfrentan al poder en la soledad de sus coberturas”.
El académico también explicó que las limitaciones de los periodistas locales los hace más vulnerables a caer en el oficialismo, porque el Gobierno solo otorga pautas publicitarias bajo condición de no criticar ni cuestionar, lo que les hace perder su rol como crítico.
“Uno de los principales desafíos, más allá de la autocensura, de la inseguridad, creo que es el tema de los derechos mínimos laborales. Ese es un tema pendiente que los medios de comunicación, en coherencia con su política y prácticas de transparencia, tienen que buscar cómo garantizarles estos derechos, porque si no están siendo corresponsables de que muchos periodistas locales no ejerzan éticamente su labor”, manifestó Uriarte.
Premio y castigo con publicidad
El periodista radial de Masaya, Daniel Palacios, expresó que las pautas publicitarias están dirigidas para un reducido grupo de periodistas, de modo que los independientes tienen que buscar iniciativas privadas para sobrevivir.
“Muchas veces podemos andar con el cartapacio lleno de noticias, pero pobres de recursos económicos, asfixiados totalmente”, dijo Palacios.
La otra situación es la no aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (621) en muchas instituciones gubernamentales y aunque en ocasiones ofrecen una versión, la prioridad es para con los medios oficialistas “y cuando la obtenemos, ya es un ‘refrito’, porque solo dependemos de unas vocerías que son inactivas aquí”, agregó Palacios.
El comunicador Euclides Cerda, del municipio de La Concepción, reconoció que aunque una minoría de funcionarios reconoce la importancia de brindar información pública a la sociedad, en muchas instituciones no ofrecen detalles sobre los hechos que se está investigando.
“La publicidad está monopolizada por medios oficialistas y a los espacios independientes, como el mío, en muchas alcaldías nos cierran la publicidad, para por lo menos pagar nuestros espacios y en las radios locales nadie te regala un espacio, porque comprendo que tienen que pagar el mantenimiento de las mismas. Si hacés un periodismo no contaminado, sabés que a la vuelta de la esquina te purgan”, señaló Cerda.
El catedrático en Comunicación, Julio Guerrero, consideró que el periodismo debe transmitir de manera real todos los acontecimientos que pasan en Masaya y en ese sentido están muy limitados, (porque) lamentablemente la información está reducida a ciertos medios y esto hace que el periodismo se convierta en una tarea más difícil cada día. Hay que buscar alternativas para poder darle a la gente la noticia que verdaderamente necesita y que pueda servirle como un recurso, para poder tomar ciertas decisiones. Ese es el principal reto”, explicó Guerrero.