Este jueves, miembros del Movimiento ProCiudadanos en compañía de abogados y familiares de los presos políticos Lorent Saleh y Gabriel Valles, acudieron a la Vicepresidencia de la República con el fin de solicitar se otorgue medida cautelar para los jóvenes que se mantienen privados de libertad en la sede del Sebin Helicoide y que presentan problemas de salud.
Nota de Prensa
Juan Luis González, abogado de los activistas, se refirió al caso específico de Saleh quien mantiene afecciones urinarias, con lo cual pide atención urológica para iniciar su tratamiento que se le ha negado por parte de las autoridades gubernamentales “Ya todos los entes conocen profundamente el caso de los jóvenes, no es nuevo, pero exigimos se otorgue una medida para la atención médica de ambos”.
El pasado 15 de marzo fue diferida una vez más la audiencia preliminar de los jóvenes activistas en Derechos Humanos de la organización “Operación Libertad Internacional” presos políticos del gobierno venezolano que han permanecido privados de libertad sin juicio ni pruebas en contra durante 2 años y 6 meses hasta el momento.
Por su parte Yisel Soáres, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de ProCiudadanos, instó a las autoridades judiciales revocar las medidas que hasta el momento pesan en contra de Saleh y Valles puesto que no han tenido el debido proceso correspondiente “El vicepresidente de la república tiene conocimiento de estos casos, incluso cuando ocupaba responsabilidades ministeriales. Por ello, solicitamos pueda mediar y ser partícipe de esta exigencia que para nosotros sería un gran acto de justicia”.
En este sentido, vale destacar que actuando en defensa, Juan González, Theresly Malavé y Lilia Camejo solicitaron en días anteriores al Juez a cargo del Tribunal 6to de Control del AMC Miguel Graterol Maneiro, el decaimiento de la medida privativa de libertad y la inmediata liberación de Saleh y Valles, basándose en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano que establece que, al cumplirse los dos años del proceso sin una sentencia firme, las medidas de coerción personal decaen.