El reciente hallazgo de una fosa común con 15 cuerpos —varios de ellos decapitados— dentro de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, es un macabro recordatorio de que el gobierno todavía no ha investigado adecuadamente graves delitos que se han cometido en sus prisiones a lo largo de los años. Los cuerpos habrían sido encontrados por trabajadores que estaban modificando la infraestructura de la prisión.
José Miguel Vivanco / Human Rights Watch
La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de los guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan en la práctica el control de los internos. En este contexto, y sin investigaciones adecuadas, es difícil saber si guardias u otras autoridades son responsables de la muerte de estas 15 personas, ya sea en forma directa o por omisión. En cualquier caso, los cuerpos son una evidencia elocuente de que el gobierno no ha cumplido su obligación básica de proteger la vida de personas bajo su custodia.
Consideremos, por ejemplo, el caso de Francisco Dionel Guerrero Lárez, condenado a 13 años de prisión por robo agravado en 1997. Doce años después, desapareció mientras cumplía su condena en la PGV. Las autoridades afirmaron que escapó, pese a que sólo le restaba un año de la pena, sin proporcionar ninguna evidencia. Sin embargo, a través de una llamada anónima, se advirtió a familiares de Guerrero que él había sido asesinado, y otros internos afirmaron que había sido desmembrado y enterrado dentro de la prisión.
La familia de Guerrero y la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2009 dispuso que el gobierno venezolano debía encontrar y proteger a Guerrero. El Comité contra la Tortura de la ONU también se pronunció sobre el caso seis años después, e instó al gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial de la desaparición de Guerrero, y a procesar, juzgar y castigar a los responsables. El gobierno parece haber ignorado tanto la resolución de la Corte regional como el reclamo del Comité global.
El OVP ha indicado que tuvo conocimiento, a través de otros internos, de que había al menos una fosa común más en la PGV, donde Guerrero habría sido enterrado.
El 11 de marzo, el Ministerio Público, a cargo de Luisa Ortega Díaz, anunció que estaba llevando a cabo una investigación para determinar la identidad y las circunstancias de la muerte de los 15 cuerpos encontrados en la PGV. Si pretende ser tomada en serio, debería reconocer además las omisiones del pasado —incluido el caso de Guerrero, que lleva siete años— así como comprometerse públicamente a investigar todos los crímenes cometidos en las prisiones venezolanas.