El bloque parlamentario del chavismo solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anular la sesión legislativa de ayer en la que la mayoría opositora aprobó un acuerdo de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela.
EFE
“Hemos venido al TSJ, a la Sala Constitucional, (…) a solicitar la nulidad de las actuaciones del día de ayer, que de por sí son nulas ya que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) sigue estando en una situación de desacato”, dijo a periodistas el diputado chavista Héctor Rodríguez desde las puertas del Supremo.
Cabe recordar que el Supremo ha declarado en “desacato” a la AN de mayoría opositora casi desde su instalación hace poco más de un año, por haber incorporado a tres diputados indígenas cuyas elecciones fueron cuestionadas por presunto fraude por el chavismo.
Rodríguez también informó hoy que el llamado “bloque de la patria”, en referencia grupo de legisladores chavistas, solicitaron al Supremo “que se evalúe la responsabilidad individual de cada uno de los diputados (opositores) por los ilícitos constitucionales y por el delito de traición a la patria”.
Para el diputado, es “sumamente irresponsable y peligroso el planteamiento hecho ayer por diputados de la oposición venezolana de que existe algún tipo de acuerdo político por encima de la Constitución” al hacer alusión a que el bloque opositor aseguró que la Carta Democrática (CDI) es superior a la Carta Magna.
Ayer el Parlamento aprobó el “Acuerdo en apoyo a la aplicación del artículo 20 de la CDI como mecanismo para el restablecimiento en paz del orden constitucional en Venezuela” en el que se exhorta a que se apliquen mecanismos que conlleven a la celebración de elecciones.
El documento fue respaldado solo por la oposición pues el chavismo no se presentó al debate.
Al presentar el acuerdo, el diputado opositor Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la AN, aseguró que “en Venezuela se alteró el orden constitucional” y que por ello se pide la “aplicación” de la Carta Democrática que, señaló, es un mandato que está “por encima de la Constitución”.