El abogado constitucionalista José Vicente Haro aseguró este miércoles que tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -en la que establece límites de la inmunidad parlamentaria para los diputados de la Asamblea Nacional (AN)- los parlamentarios deberían introducir una denuncia ante la Fiscalía General de la República y organismos internacionales ante la violación de los derechos humanos.
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“Los diputados, más allá del rechazo, deberían presentar una denuncia sobre esta situación dictada por el TSJ ante el Ministerio Público y solicitudes urgentes de medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Haro durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.
Indicó que “el TSJ ha reducido a su mínima expresión el tema de la inmunidad parlamentaria, aunque está amparada en el ejercicio de sus funciones como parlamentarios venezolanos en la Constitución Nacional”.
Al ser consultado sobre el caso del diputado de Voluntad Popular, Luis Florido, Haro indicó que “está en riesgo que al regresar al país le suceda igual que al también diputado Gilber Caro. Es decir, podrían estar buscando llevarlo a una detención arbitraria y que se le pretenda juzgar por Fiscalía Militar, lo que es considerado como el punto más grave, que un civil sea juzgado por un tribunal militar”.
“Lo lógico es que un diputado tenga inmunidad parlamentaria porque lo establece la Constitución Nacional en su artículo 200, pero ahora el TSJ desconoce la voluntad popular de quienes eligieron a los diputados de la oposición y quedan sujetos a la ‘traición a la Patria’ y sugieren la adopción de medidas de carácter militar”.
“La sentencia de la Sala Constitucional es tan grave al tema de las medidas que Nicolás Maduro pueda tomar en el marco de la Ley de Emergencia Nacional y podría pensar en reformar leyes que regulan los procesos electorales y correr fechas de elecciones periódicas en Venezuela”, recalcó.
A su juicio “el gobierno de Chávez fue autoritario pero sin llegar a un punto de concentración de todos los poderes y desconocimiento del Estado Democrática. Pero el gobierno de Nicolás Maduro se puede calificar como dictadura porque no se respeta la Constitución Nacional sino que se gobierna en base a decretos de estado de excepción, violación de derechos humanos, no se respeta al Parlamento y no se cumplen los parámetros principios democráticos, entre las más importantes”.
En cuanto a la situación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de no liberar a detenidos con boleta de excarcelación, el abogado reiteró que “la Constitución establece que una vez librada boleta de excarcelación debe ponerse en libertad inmediatamente a una persona. Cualquier persona que librada la boleta siga en situación privación de libertad, entonces estaría en un supuesto de secuestro, una de los más graves violaciones de derechos humanos”.