El Gobierno argentino mostró hoy su “preocupación” por la sentencia emitida el pasado martes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que limita las facultades de la Asamblea Legislativa y restringe la inmunidad de los diputados del Parlamento.
EFE
“La Argentina reivindica la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de derecho y de los principios democráticos, entre ellos los principios fundamentales de la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas”, indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
La Cancillería reafirmó lo firmado junto con otros países suramericanos el pasado 23 de marzo, a la hora de reiterar que son el diálogo y la concertación política “los únicos caminos para resolver la situación de crisis que afronta”.
Además, el texto emitido por Argentina instó al Ejecutivo de Nicolás Maduro a retomar el diálogo “con apego a las disposiciones de la Constitución” de Venezuela.
“El Gobierno argentino reitera su disposición a colaborar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en el camino al restablecimiento de la paz social en ese país, en el marco del pleno respeto a las instituciones democráticas”, expresó.
El TSJ venezolano declaró nulo el acto legislativo celebrado hace una semana en el que el Parlamento -de mayoría opositora-, aprobó una acuerdo sobre la “Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA (Organización de Estados Americanos)”, al considerarlo inconstitucional.
La decisión del TSJ ordena a Maduro ejercer las acciones “que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional” y tomar medidas “para evitar un estado de conmoción”.
Pide que, en el marco del estado de excepción vigente en el país, se revisen la leyes “que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país”.
También “ordena” a Maduro que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo la Secretaría General de la OEA, que promueve actualmente la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela.
Desde que el Parlamento fue declarado en desacato, las obligaciones legislativas han sido cubiertas en algunos casos por el Ejecutivo venezolano, que gobierna bajo régimen de estado de excepción, y finalmente aprobadas por el Supremo venezolano.