Para alguien que no viva en este país bizarro, será difícil creer lo que hoy pasa en Venezuela. Es inimaginable que unos parlamentarios acudan a la Defensoría del Pueblo y sean salvajemente agredidos por bandas armadas del gobierno a plena luz del día y ante la mirada complaciente de los cuerpos policiales y las FAN. La agresión dejó al joven Diputado Juan Requesens con una herida en el rostro que ameritó 56 puntos de sutura y al Diputado José Brito con fracturas en la región intercostal pero lo insólito es que la represión brutal del régimen se produzca en las propias narices de quien tiene la obligación constitucional de defender a la ciudadanía y garantizar el pleno ejercicio de los derechos, me refiero al Defensor del Pueblo, cuyo silencio es vergonzoso y cuando abre la boca es peor.
En efecto, la más reciente opinión de este funcionario fue como vocero del Consejo (in)Moral Republicano para declarar “inadmisible” el procedimiento de destitución de los magistrados de la Sala Constitucional que dieron un Golpe de Estado, tal como afirmó la Fiscal General de la República. La excusa para semejante declaración del “Defensor” es que los magistrados enmendaron las sentencias que generaron la ruptura el hilo constitucional. Bajo esta lógica, cualquiera puede cometer un delito -un robo, por ejemplo- y si lo capturan, sencillamente devuelve lo robado y no pasó nada. Así, puede cualquier militar meter un tanque contra el Palacio de Miraflores y si el golpe fracasa, no hay problema: ponga retroceso al tanque, repare los vidrios rotos y regrese a su cuartel. Nada de eso: golpe es golpe y tiene consecuencias.
La bochornosa impunidad se convierte en complicidad y en una conducta permanente que ha ido socavando las bases morales de la sociedad. La ausencia de justicia se hace cotidiana y constituye algo fundamental para la sobrevivencia de esta pervertida casta revolucionaria. Otro miembro de ese Consejo (in)Moral es el Contralor General de la República, testigo silente del más colosal desfalco a las arcas de la Nación. Francamente, hay que tener los ojos sancochados para no ver la opulencia, el obsceno nivel de vida de los jerarcas del PSUV y la más grosera corrupción en todos los niveles del gobierno. Las voluptuosas cuentas bancarias no existen, la impunidad reina y ya es un componente esencial de la narco-revolución chavista.
Siendo éste el contexto, el cambio que promovemos no sólo debe recuperar la economía, elevar la calidad de los servicios y mejorar las condiciones de vida; debe también saciar la sed de justicia, sin odios, ni resentimientos. Hay que garantizar las libertades, los derechos y poner fin a la impunidad para recuperar la convivencia, rescatar los valores y superar la pobreza. Con tanta arbitrariedad se ha intentado ocultar una oprobiosa realidad pero por fortuna, gracias a la desesperada truculencia del TSJ, el mundo entero sabe –por fin- que en Venezuela vivimos una vulgar dictadura con un marcado rasgo militarista. Y por si alguien tenía dudas, salió el Ministro de Defensa a solicitar la renuncia del Secretario General de la OEA y otro desprestigiado militar a amenazar al Gobernador de Miranda. Por cierto, dejando claro que Luis Almagro y Henrique Capriles le quitan el sueño a lo que queda de la dictadura… #EleccionesYA
Twitter: @richcasanova
(*) Dirigente progresista / Vicepresidente ANR del Colegio de Ingenieros de Vzla.