Desde el mismo momento que el presidente Nicolás Maduro anunció que será necesario tener el denominado “Carné de la Patria” para tener acceso a la medicación antirretroviral muchas personas dependientes de estas terapias se comunicaron con la organización Azul Positivo, “algunos con dudas, otros con preocupación y otros tantos con pánico”, explicó el director general de esta ONG, Johan León.
Nota de Prensa
El activista recalcó que la exigencia de este nuevo documento de identificación podría hacer del conocimiento público la identidad de quienes viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, “y en un país como Venezuela donde se discrimina a estas personas en los entornos estudiantiles, laborales, de salud, principalmente, esto es muy preocupante”.
Tanto la Ley venezolana como los protocolos internacionales en este tema dejan claro que debido al estigma, la discriminación, y en consecuencia el costo social que conlleva vivir con el VIH, los procedimientos deben hacerse de forma discreta y confidencial.
León reconoce que hasta el momento el Programa Nacional de VIH del Ministerio de Salud ha manejado con responsabilidad esta data, pero “si la condición de VIH se va a ver reflejada en una data de este tipo donde múltiples personas e instituciones tendrán acceso, traerá terribles consecuencias”. La primera de ellas sería que los pacientes se negarán a suministrar este dato, en consecuencia le negarán su medicación y “esto sería una directa violación al derecho a la salud y a la vida de quienes viven con VIH”, señala León.
El director de Azul Positivo destacó que en los últimos años las personas con VIH han padecido desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales y de infecciones oportunistas, tampoco han tenido acceso a fórmulas lácteas para los bebés, suplementos alimenticios, pruebas de carga viral y subpoblación de linfocitos entre otras carencias por lo que “un carné no solucionaría nada; con la cédula de identidad y la verdadera voluntad política de solucionar los problemas que les aquejan sería más que suficiente”, sentenció el activista.
Del mismo modo, León indicó que se han conocido diversos casos en los que si la persona se identifica con un partido político diferente al de gobierno le niegan el derecho a este documento: “Esto a todas luces es violatorio de los derechos humanos y atenta contra la vida de los venezolanos”.
León pidió a las autoridades venezolanas reconsiderar esta decisión porque si bien “hoy las personas con VIH viven una situación de carencias muy compleja, la implementación de esta medida sólo empeorará las condiciones personales y colectivas de este grupo”.