El Instituto Casla, organización con sede en Praga dedicada a promover la democracia y los derechos humanos en América Latina, pidió ayer que las autoridades españolas abran una investigación formal de las torturas sufridas en 2014 por tres jóvenes con nacionalidad española a manos del régimen chavista de Venezuela. Así lo reseña abc.es
Forman parte de la lista de más de 600 casos en unos 60 incidentes que ha recopilado esta institución en una denuncia que presentó el 27 de julio de 2016 ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya. En ella se detallan los métodos empleados en los últimos 17 años por parte de todos los organismos de seguridad del Estado para «castigar, intimidar y reprimir sistemáticamente a la población civil».
Con estas prácticas buscan, según el Instituto Casla, «conseguir testimonios falsos bajo tortura y usarlos para implicar a adversarios del gobierno en hechos ilícitos, mediante la ejecución del terror, al principio de forma selectiva, torturando a personas representativas del sector militar, del sector intelectual y político, para luego ser aplicadas de forma masiva, sin distinción de edad, sexo, condición física o mental, en niños, estudiantes, líderes juveniles, mujeres, hombres, personas de tercera edad e incapacitados.
Uno de los españoles torturados es Juan Manuel Carrasco, que denunció haber sido violado por un agente de la Guardia Nacional Bolivariana con el cañón de un fusil tras su detención en 2014 en la ciudad de Valencia, capital del estado norteño de Carabobo.
Los otros dos hispanovenezolanos torturados, de los que la organización no quiso revelar la identidad, fueron detenidos en Caracas. Uno recibió descargas eléctricas en todo el cuerpo, además de diversos golpes y amenazas. Al otro lo rociaron con gasolina y le dijeron que lo quemarían vivo, lo golpearon con bates y las culatas de armas, y le cubrieron la cabeza con bolsas de plástico hasta perder el conocimiento, entre otras acciones.
En los tres casos los arrestos se produjeron en torno a las protestas que en febrero de 2014 acabaron con dos personas muertas y por las que se condenó a cerca de 14 años de prisión al líder opositor Leopoldo López, acusado de instigar la violencia desatada.
«Lo más grave es el ensañamiento y el goce»
Según explicó a ABC la directora ejecutiva del Instituto Casla, la abogada venezolana Tamara Suju, «lo más grave» de esas torturas «es la vileza, el ensañamiento y el goce con los que las realizan». Quienes las perpetran, afirma, «quieren ser ascendidos o condecorados por ser los más malos, los que pegan más duro y torturan peor».
Suju advierte, además, de que en las manifestaciones de los últimos días hay ya más de 180 detenidos, de los cuales algunos denuncian torturas. «Es decir –señala–, que a pesar de las denuncias internacionales, el Gobierno no para, porque a una dictadura no le importa cómo contiene a la población descontenta, lo que le importa es permanecer en el poder, y sigue haciendo un uso desproporcionado de la fuerza».
La solicitud de investigación de los tres casos de españoles torturados fue entregada ayer por Tamara Suju al coordinador del Intergrupo de Derechos Humanos del Senado, el popular Dionisio García Carnero, que trasladará la petición al resto de integrantes. El asunto se analizará en la próxima reunión de esta entidad parlamentaria tras la Semana Santa, explicó García.
«Pido que a través de sus buenos oficios, después de que estudien lo que les presento, vayan a las instituciones españolas respectivas a pedir que se investigue a los funcionarios del Gobierno venezolano», porque estos tres torturados «son ciudadanos españoles también», explica Suju.
La defensora de los derechos humanos venezolana tenía previsto comparecer el pasado jueves ante los miembros del Intergrupo, pero un problema con su vuelo se lo impidió. Ayer aprovechó que comparecía en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para presentarle a él también el documento.
La letrada apuntó que podría entregarle la denuncia igualmente a la Defensora del Pueblo y a la Fiscalía. En cambio, «no perdería el tiempo» llevándoselo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, miembro de los mediadores del fallido diálogo promovido por Unasur, que a su juicio solio dio «oxígeno a la dictadura venezolana». «No he escuchado a Zapatero pedir la libertad de todos los presos políticos, ni hablar de torturas y violaciones graves de derechos humanos», lamentó.