Sacudido por la creciente presión social, el régimen de Nicolás Maduro está ofreciendo una tregua a la oposición venezolana, en un pacto secreto que incluiría permitir la realización de las elecciones regionales este año a cambio de que sus adversarios enfríen las protestas en la calle y dejen de acusarle de propinar un autogolpe.
Antonio María Delgado / El Nuevo Herald
La propuesta es vista con buenos ojos por el sector de la oposición menos hostil hacia el régimen bolivariano que prefería capitalizar la debilidad de Maduro para conquistar algunas gobernaciones, aunque eso contemplaría dejar una eventual elección presidencial para finales del próximo año, dijeron fuentes familiarizadas con las discusiones.
“El gobierno en su desesperación está ofreciendo ir a unas elecciones regionales a finales de año [2017] y dejar las elecciones de presidente, alcaldes y de concejales para el año que viene”, describió una de las fuentes consultadas.
La oferta, en esencia, consiste en un plan de convivencia con el régimen para los próximos 20 meses, que conllevaría abandonar la denuncia de que Maduro propinó un autogolpe a cambio de permitir que la oposición pueda competir electoralmente.
“Desmontar lo del golpe de Estado es vital para ellos. Ese fue el primer punto de la oferta”, dijo la fuente.
La oposición venezolana, reaccionando a finales de marzo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de adjudicarse los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, declaró que ese acto constituía el último eslabón de un golpe de Estado emprendido a cuenta gotas por Maduro.
Ese señalamiento, que fue recogido abrumadoramente por la comunidad internacional, llevó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a declarar que en Venezuela se habría producido una alteración del orden constitucional y a miles de venezolanos a salir a protestar en las calles.
El pacto ofrecido por Maduro también conllevaría que la oposición acepte la actual conformación del Tribunal Supremo de Justicia, quien es visto como un aliado del gobierno, pese a que los magistrados que conforman la poderosa Sala Constitucional fueron nombrados ilegalmente por el chavismo y no cumplen con los requisitos constitucionales.
De la misma manera, la oposición también tendría que aceptar la actual conformación del Consejo Nacional Electoral, que también es controlado en su totalidad por el régimen.
Bajo la propuesta del régimen, el TSJ retiraría su dictamen sobre la Asamblea Nacional que la había declarado en desacato, recuperando, al menos en teoría, su facultad constitucional de aprobar o rechazar las asignaciones de recursos del gobierno, dijo la fuente que habló bajo condición de anonimato.
“Pero eso estaría sujeto a aceptar las condiciones del TSJ y del régimen […] Esas condiciones sería aprobar los créditos extraordinarios de Maduro y los acuerdos con las empresas petroleras”, expresó.
Es decir, le otorgan la Asamblea el poder y aceptar o no la otorgación de recursos siempre y cuando responda que sí invariablemente, explicó la fuente.
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