Una vez más la exagerada y brutal represión retrata mejor que nunca a quien la aplica, porque todo proceso involutivo, como lo ha sido el proceso revolucionario, lleva a un punto fatal expresado con torturas y afrentas, que en nuestro caso tienen como objetivo extinguir la lucha por recuperar el orden constitucional y lograr la libertad que quiere el pueblo de Venezuela. Es la exacerbación de una dictadura que quiere arrodillarnos a la fuerza usando sus esbirros, haciendo palpables las contrariedades de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien, con su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer, no compartiría la aspiración de más democracia en la sociedad civil, eso explicaría su inacción frente a la cara represiva del régimen de Maduro.
La represión ha aumentado, por ende, la violación de derechos humanos arrecia. La manipulación de testimonios obtenidos mediante tortura o forjamiento de pruebas, violentando principios básicos del Debido Proceso, reafirman al régimen de Maduro como criminal. Apelar al terrorismo para usar tribunales penales en el juzgamiento de civiles, recluyéndolos luego en penales militares o de alta peligrosidad, dando lugar a procesos judiciales hostiles, no son más que refinadas formas de tortura, así como los allanamientos y detenciones brutales e indiscriminadas sobre todo de jóvenes. Cientos de ciudadanos torturados física y mentalmente por cuerpos de seguridad de Maduro, en suma, una barbarie inexistente para garantes y vigilantes de los derechos humanos, que, como la Fiscal y su esposo, en su condición de servidores públicos que se deben al pueblo, estarían gobernados por el odio, la maldad y el deseo de permanecer en el poder más allá de una eventual transición.
Como el régimen no aguanta la presión de calle, le queda el camino de la reprensión, escenario donde Luisa Ortega Díaz continuaría haciéndole el juego, permitiendo secuestros y desapariciones para doblarles el alma a los adversarios políticos; eso no es algo nuevo en la Fiscal General, con su esposo, Germán Ferrer, y Julio León Heredia, gobernador de Yaracuy, mantiene secuestrado a Kamel Salame desde hace más de 10 años, no contenta con eso, cohonesta su desaparición a manos de funcionarios del Sistema Penitenciario, para terminar aislado en un área carcelaria de máxima seguridad, como una forma de tortura aplicada con el mayor cinismo a quien ya han condenado a una muerte suspendida negándole la atención médico quirúrgica que pidió para él la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la mismísima Defensoría del Pueblo.
De tal manera que la Fiscal General de la República sería la mejor prueba de que aquí no hay separación e independencia de poderes sino servilismo, por eso será objeto de por vida de todo el rigor de la justicia penal internacional como violadora de DDHH y tendrá que pagar, junto a su esposo, por sus delitos de lesa humanidad.
La Fiscal General está incurriendo en omisión de evitar o denunciar torturas. Ella está en conocimiento de los hechos a los que hice referencia, por tanto, tiene la obligación de denunciarlos; la ACNUDH en Ginebra, exjefes de Estado y de Gobierno, 11 países latinoamericanos y la UE se han referido a tales desmanes, más específico fue el pronunciamiento de la OEA exigiendo “Ni un muerto, ni un herido, ni un preso, ni un torturado más”. Es decir, Luisa Ortega Díaz no puede seguir escurriendo el bulto de la represión. De no estar en conocimiento, me permito hacerla del conocimiento de dichos actos de tortura para que los denuncie en las instancias internacionales correspondientes. La ley, nacional e internacional, es clara al respecto. Debe actuar y permitir corroborar que es objetiva e imparcial, leal al país, a la Constitucional Nacional y no al dictador, debe demostrar que no es participe de la violencia y el fascismo que nos iguala a Corea del Norte, Irán y Cuba en materia de DDHH, porque mientras no hace nada, prevaleciendo su ignominia, ciudadanos defendiendo sus derechos son víctimas de torturas o caen asesinados a manos de funcionarios gubernamentales.
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