Condenamos, de la manera más categórica, las muertes de compatriotas venezolanos acaecidas recientemente. En su mayoría han sido jóvenes, cuya única actividad, letal en este momento, es la disidencia, la protesta cívica por la pérdida efectiva de la democracia en Venezuela.
Es indudablemente legítimo el reclamo en las calles de la mayoría de la población en cuanto al restablecimiento de la constitucionalidad, a la libertad de los presos políticos, del necesario respeto a la división de los poderes, el funcionamiento incondicionado de la Asamblea Nacional, así como a la imperiosa necesidad de que se permita cuanto antes un canal humanitario que brinde una atención internacional adecuada al lamentable déficit en alimentos y medicinas.
Pero esos justos reclamos de los habitantes, notorios hoy en día en todas las ciudades del país, se han visto reprimidos de la manera más despiadada por los órganos de seguridad del Estado, en combinación con grupos, extraoficiales armados, sin que el gobierno nacional haga lo que las leyes del país le ordenan para detenerlos. Es así como se han producido muertos, heridos, presos, perseguidos, exiliados, de un modo del que no se tiene memoria en la historia nacional.
La ausencia de límites, de contención, ha llevado a usar gases y otros tipos de ataques armados a la población civil, incluso en centros asistenciales de salud y/o educativos o en las propias residencias de los ciudadanos que protestan, hasta en altas horas nocturnas, generando un miedo terrorífico y unas lesiones físicas y morales incalculables a los manifestantes, así como a quienes ni siquiera manifiestan. Se han visto afectados enfermos y niños que han tenido que ser evacuados de esos recintos de salud o educativos con frecuencia.
Algunos partidos políticos han sufrido la persecución inclemente de sus dirigentes, varios de ellos en prisión o en el exilio, con la finalidad de acabar con sus actividades contrarias a la acción y la ideología del gobierno enquistado en el poder, cercenándose así el derecho a la participación política y a la libre asociación. Del mismo modo ha ocurrido con los límites impuestos a la libertad de expresión a través de los cierres de medios o la censura implacable a aquellos que han sobrevivido a la persecución, persecución que padecen los periodistas nacionales o internacionales que procuran llevar la información a algún medio que pueda divulgarla de manera oportuna.
En el terreno laboral se han conocido despidos y acosos por la no concurrencia a los actos públicos del gobierno, a donde deben ir los empleados obligados por funcionarios gubernamentales de mayor rango, so pena de ser despedidos, como ha ocurrido con funcionarios de menor jerarquía. También se impide de manera abierta la discusión en términos efectivos y de buena fe, entre los partícipes naturales, de las contrataciones colectivas, imponiéndose desde el gobierno las condiciones laborales, injustamente.
Nos encontramos en presencia de actos de persecución política intolerable y cada vez menos disimulada, aplicados desde el poder gubernamental con el fin de que los altos funcionarios públicos permanezcan detentando, algunos ilegítimamente, dicho poder, contrariando a la inmensa mayoría de la población nacional. Estamos en presencia de lo que puede calificarse como el período más oscuro de la historia contemporánea de Venezuela. La lucha desencadenada de algunos pocos por aferrarse al poder ha sumido y sigue sumiendo en desgracia a una sociedad noble que no se merece tanto abuso, tanto infortunio.
Todo esto debe terminar ya. Se precisa del gobierno que cese ya en su actitud antidemocrática; que cese ya en su actitud de agredir y perseguir a la ciudadanía por hacer uso de su derecho a manifestarse.
Se precisa de una inmediata acción que permita la libertad de los presos políticos y el rescate de la democracia; se precisa del retorno inmediato de la libertad de expresión por todos los medios, que finalice la descomunal censura a los periodistas y se garantice el derecho a informar y estar informados; se precisa cesar el acoso laboral, las amenazas de todo tipo y los despidos, así como una discusión amplia y abierta de las condiciones laborales y socio-económicas en general. Y se precisa de una acción internacional más fuerte y contundente que contribuya a poner fin a los desmanes del gobierno nacional contra la desprotegida población que clama libertad.