Los sindicatos de Brasil lideraron la primera huelga general en el país en más de dos décadas para protestar contra las medidas de austeridad del presidente Michel Temer, lo que afectó al transporte público y provocó el cierre de escuelas, fábricas, bancos y otros negocios, reseñó Reuters.
Aún así, analistas y funcionarios del Gobierno dijeron que la huelga tendría poco impacto sobre los esfuerzos de Temer por lograr que el Congreso apruebe reformas económicas, algo que la mayoría espera que ocurra debido al respaldo al presidente entre los legisladores.
La policía se enfrentó con manifestantes en varias ciudades, disparando gas lacrimógeno para despejar calles bloqueadas con barricadas en llamas. Los manifestantes también bloquearon las entradas a aeropuertos y estaciones de metro.
La última huelga general de Brasil ocurrió en 1996, en protesta contra las privatizaciones y reformas laborales del gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso.
“Es importante para nosotros enviar al Gobierno el mensaje de que el país está prestando atención a lo que están haciendo, quitándole derechos a los trabajadores”, dijo Marco Clemente, jefe del sindicato de trabajadores de radio y televisión de unos 4.000 miembros, mientras lideraba una protesta fuera de la sede central de la emisora estatal EBC en Brasilia.
El portavoz del Gobierno, Marcio de Freitas, dijo que la huelga se concentró estratégicamente en el transporte público para que incluso la gente que quería ir a trabajar no pudiera hacerlo, de otra manera habría parecido “débil”.
Agregó que no hay “marcha atrás” en las reformas.
Los esfuerzos de Temer por aprobar reformas al sistema de pensiones y las leyes laborales han irritado a muchos brasileños. El presidente ha propuesto una edad mínima de jubilación, lo que obligaría a muchos a trabajar por más tiempo para recibir una pensión y reduciría los pagos en un país donde muchos se retiran con beneficios completos a los 50 años.
La Cámara de Diputados aprobó esta semana un proyecto de ley para debilitar las leyes laborales al flexibilizar las restricciones a la tercerización y los contratos temporales, lo que enfadó aún más a los sindicatos.