Desde la sede de la Fiscalía del Ministerio Público en Puerto La Cruz el diputado Richard Arteaga y el alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, realizaron una denuncia formal contra el gobernador Nelson Moreno, el alcalde Guillermo Martínez y el director general de la Alcaldía de Barcelona, Zelim Avendaño, producto de las amenazas y actos de amedrentamiento de los que han sido víctimas en los últimos días.
El diputado Arteaga explicó que hace dos días dos sujetos que se trasladaban en una moto, identificados como funcionarios policiales por gente de la comunidad, se le acercaron con armas de fuego en la mano cuando se encontraba saliendo de una actividad política en la Av. Pedro María Freites de Barcelona.
“Yo responsabilizo directamente al alcalde Guillermo Martínez de cualquier cosa que me pueda pasar a mí, a mis familiares o miembros de mi equipo de trabajo, nosotros no estamos cometiendo ningún delito, estamos ejerciendo nuestro derecho de pedir un cambio en paz y por vía electoral, que es lo que la gran mayoría de los venezolanos quiere, no van a lograr callarnos ni sacarnos de la calle”, sentenció el diputado.
De igual modo el alcalde Marcano detalló que estaban consignando el audio en el cual el director general de la Alcaldía de Barcelona lo amenaza con “echarle plomo” si lo ve en alguna actividad en Barcelona, además de los videos de los abusos policiales cometidos durante la represión del 19-A en los que efectivos policiales robaron objetos personales de los manifestantes.
Abusos
“Hemos visto como se ha desatado una ola de abusos por parte de las autoridades, siguiendo las órdenes del gobernador interino, persecuciones, allanamientos en residencias de madrugada, jóvenes presos sin cometer ningún delito, actuaciones acostumbradas por los regímenes dictatoriales, están tratando de señalar a personas inocentes se generar violencia, pero todo el mundo está claro que los violentos son los del régimen”, aseveró.
Recordó que no es la primera vez que los dirigentes justicieros son víctimas de este tipo de acciones, “nuestro concejal Luis Barrios estuvo prácticamente secuestrado por el Sebin cinco días, también el concejal Frank Díaz fue víctima de una atentado en su carro y la agresión que sufrió en plena sesión la concejal Beatriz Pérez Blanco y nada de eso logró que detuviéramos nuestra lucha, así que no van a lograr que callemos, nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie para ejercer nuestros derechos”.
Ambos dirigentes solicitaron al MP que se investigue sobre los hechos que consignaron, que se determinen los responsables y se haga justicia, además exigieron al Gobierno que cese la persecución contra quienes piensan distinto y trabajan para lograr una cambio en paz y por vía constitucional.