La Asamblea Nacional aprobó este martes un Acuerdo en condena a las muertes causadas por la política de represión de manifestaciones y protestas constitucionales por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y en solidaridad con los familiares de las víctimas.
La diputada Dinorah Figuera denunció en la apertura de debate el uso desmedido de la fuerza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana en las manifestaciones, que ha dejado 29 fallecidos, según cifras de la Fiscalía.
“Esta situación ha generado una violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 43 de la Constitución. Los ministros de Defensa y de Interior han hecho de la divisa, el horror y van a tener una responsabilidad penal. La violación de derechos humanos no prescribe y en cada movilización se ha evidenciado que se cometen crímenes de lesa humanidad”, declaró.
En ese sentido, Figuera solicitó a la Comisión de Política de Interior la elaboración de informes que permitan establecer responsabilidades y conocer el número de víctimas de agresiones y personas que han tenido limitaciones consecuencia del abuso de poder.
También pidió al presidente del Parlamento, Julio Borges, girar estos informes a la Fiscalía y que a su vez esta haga las investigaciones pertinentes para que estos crímenes. Además, solicitó al Alto Comisionado de la ONU se presente en el país para constatar la situación.
Por su parte, la diputada Bolivia Suárez, trajo al debate el caso de la Urbanización Sucre del estado Lara, donde grupos armados comandados por comandante del Zodi, Rafael Torrealba, arremetieron contra los jóvenes que estaba protestando pacíficamente la noche del 26 y la madrugada del 27 de abril.
Suárez advirtió que existen planes de llevar este tipo de represión desmedida a otros sectores del estado, ante lo que estarán en alerta.
Osniel Orozco, habitante del sector, tomó el derecho a la palabra para relatar los sucesos y los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad.
“Desde el 24 de abril, el Sebin, el Conas y la GNB han allanado hogares, acribillado, herido y detenido a personas inocentes”, denunció Orozco.
Por su parte, el diputado Guillermo Palacios afirmó que los venezolano seguirán en la calle para exigir que se respeten los derechos humanos y la integridad física.
“No podemos olvidarnos de las víctimas de los grupos paramilitares auspiciados por el Gobierno y protegidos por la Guardia Nacional Bolivariana”, advirtió el diputado.
El parlamentario Winston Flores, por su parte, le recordó a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad, que si bien se quieren escudar en el cumplimiento de órdenes, las violaciones de derechos humanos son crímenes individuales de lesa humanidad que no prescriben.
Para cerrar el debate, el diputado Carlos Prosperi reiteró que el derecho a la vida es inviolable y que el Estado no puede arremeter como lo ha hecho contra los manifestantes.
“Ninguna Ley autoriza la pena de muerte. Ningún órgano de seguridad puede usar armas o gases tóxicos para reprimir”, señaló Prosperi, quien pidió un minuto de aplausos en honor a los caídos por la represión en las manifestaciones.
Tras aprobarse el acuerdo, Borges indicó que se creará una comisión especial para investigar todas las denucias de represión por parte de los cuerpos de seguridad del estado y estará presidida por el diputado Edgar Zambrano y conformada por los demás representantes del estado Lara.