No se requieren profundos análisis para determinar las razones de la compleja crisis política y social que nos afectan gravemente a los venezolanos.
Nota de Prensa
Las razones comprometen en cada uno de estos diagnósticos a la gestión gubernamental, la cual ha venido llevando adelante un modelo de acción pública que limita y minimiza los derechos ciudadanos y pretende otorgar todo el poder a quienes ejercen las funciones de Gobierno.
Lo podemos evaluar principalmente en la gestión POLITICA-SOCIAL al observar como todos los Ciudadanos que opinamos o pensamos distintos al proyecto oficial, somos excluidos o afectados por decisiones antagónicas a nuestros derechos constitucionales.
El ejemplo más evidente lo tenemos en la integración de los consejos comunales, así como en el manejo de los recursos públicos asignados para programas de mejoras comunitarias o de inversión económica-social productiva; los cuales son manejados a través del partido de Gobierno y sus organizaciones comunales.
Un ejemplo lo constituye el rol que se le otorga a los poseedores del carnet de la patria, como la vía expedita de acceso a esos beneficios a ser otorgados, como la garantía de poder recibirlos, lo cual lo convierte en un instrumento de control político electoral del Gobierno tal como ha sido anunciado por voceros políticos pro gobierno.
Esto resulta antagónico a lo escrito en la Constitución donde se establece de la manera más explícita que nadie puede ser excluido o limitado en sus derechos civiles por razones, de pensamiento, posición política, raza o credo.
La razón la tenemos en el anuncio de la nueva constituyente donde se le pretende dar un rol determinante a los consejos comunales controlados por el oficialismo, en la designación de los integrantes de la nueva asamblea. La formación de estas organizaciones sociales se realizaron con activistas comprometidos con el proyecto, lo cual las convierte no en representaciones espontaneas de las comunidades sino en brazos políticos-sociales del Gobierno.
Razón que los limita y anula como genuinas representaciones de las comunidades a las que dicen representar, al observarse como cada una de las directivas de estas organizaciones comunales, están integradas por miembros del partido de Gobierno y conformadas por activistas políticos o funcionarios públicos de absoluta lealtad al proyecto político ideológico que se nos pretende imponer.
Razón para que los actores políticos independientes o de los partidos de oposición, soliciten que la legítima representación de los consejos comunales deben ser electas, mediante la presentación publicas de candidatos y mediante votación de todos los miembros de esas comunidades inscritos en el Registro Electoral por votación directa y secreta, lo cual el Gobierno no va a permitir al saber su baja aprobación de gestión en las comunidades de todo el país.
La imposición de limitaciones a nuestros derechos ciudadanos y constitucionales está siendo rechazada por casi el 90% de los venezolanos, observando de parte de los actores gubernamentales, una inclinación mayor al uso del poder del estado para imponerse contra los reclamos ciudadanos a esos abusos de poder, tal como tristemente se observa contra las protestas ciudadanas realizadas, pretendiendo descalificarlas como de una minoría de derecha y terrorista. Cuando todos sabemos que representan el sentimiento de la mayoría absoluta de los ciudadanos.
Por estas razones ratificamos que las crisis que nos agobia, es causada por el modelo que se insiste en imponer el cual pretende convertirnos en ciudadanos obedientes y dependientes de la mano dadivosa del estado, lo cual no aceptamos y rechazamos.