El vicepresidente del Colegio de Abogados del estado Bolívar, Abogado Jorge Otaiza Mejías, advirtió sobre una nueva violación constitucional, esta vez, por los tribunales militares en los casos de más de mil civiles detenidos en las protestas y manifestaciones contra el gobierno nacional.
Nota de Prensa
El gremio de abogados se pronunció en rechazo a esta nueva acción violatoria contra la Constitución Nacional que busca amedrentar y coaccionar el derecho que tiene todo ciudadano a la protesta pacífica.
El artículo 261 de la Constitución Nacional tipifica claramente las atribuciones de la justicia militar. Dice el articulado: “La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
Otaiza señaló que existen evidentes violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Asimismo, acotó que está perversión jurídica que se pretende desde la justicia militar, con instrucciones del ejecutivo nacional, busca someter a la ciudadanía con procesos viciados e ilegales, armando expedientes con delitos contenidos en el Código de Justicia Militar Venezolano.
“La jurisdicción militar no puede en ningún momento enjuiciar a civiles, incluso tampoco a militares en situación de retiro, por que sencillamente no son militares”, resaltó.
Señaló que “nuestra legislación es clara y reza que todos los actos en contravención a las leyes y la Constitución Nacional son nulos de toda nulidad”.
Para el vicepresidente del gremio de abogados de Bolívar la primera arbitrariedad jurídica comienza desde el mismo momento en que se aprehende a un ciudadano en el ejercicio de su derecho constitucional a protestar pacíficamente. La segunda está en ser puesto a la orden de la justicia militar, cuando ni siquiera es militar, y tampoco se está en guerra; y tercera ser enjuiciado por un tribunal militar, violando el principio del juez natural, y la justicia ordinaria.
Otaiza indicó que el gobierno trata de “torcer” la justicia para ponerla al servicio de una parcialidad partidista, sin importar las reiteradas violaciones a la Constitución.
Considera se está, además, frente a un tipo de conducta anti-jurídica o ignorancia supina.
Para el gremio de juristas es preocupante la situación, máxime cuando se utilizan arbitrariamente instituciones, diseñadas para enjuiciar a militares activos más no civiles, sólo por cumplir caprichos políticos y partidistas.