Funcionarios de la Policía Municipal de El Hatillo acudieron la mañana de este viernes al Centro de Servicios Plaza La Boyera a fin de recabar datos y registros fílmicos que ayuden a contribuir con la identidad y paradero de los responsables del secuestro de dos empresarios que laboran allí y que posteriormente fueron hallados muertos en la autopista Caracas-La Guaira.
Nota de prensa
El Director de Seguridad Ciudadana de esta jurisdicción, Comisionado Agregado Einer Giulliani, informó que “la madrugada de este viernes conocimos el caso de un secuestro de dos hombres: Fabrizio Mendoza y Reinaldo Herrera Sánchez, en un sótano de una propiedad privada ubicada en La Boyera, por lo que efectivos de PoliHatillo se trasladan de inmediato al lugar a fin de corroborar la información e iniciar todas las pesquisas necesarias, al tiempo que un equipo se comunicó con los familiares de una de las víctimas, en este caso con la familia Herrera, quienes indicaron que los secuestradores recibieron el pago; pero no se efectuó la liberación de estos señores.
Así mismo Giulliani señaló que de acuerdo a las primeras investigaciones y registros fílmicos, los captores ingresaron al establecimiento privado en horas de la tarde de este jueves en un carro particular de transporte, tipo taxi, y una moto, donde esperaron a las víctimas para posteriormente llevárselos en un vehículo blindado propiedad de las víctimas. Mientras que en uno de los sótanos del mencionado lugar se encontraba una camioneta perteneciente a Herrera, de acuerdo a lo indicado por el grupo familiar.
Por otra parte, el Comisionado Agregado indicó que ambas víctimas tenían una oficina de arquitectura en Plaza La Boyera y actualmente mantenían en ejecución algunas obras en el municipio. “En el caso de Reinaldo Herrera, además era residente de nuestro municipio, estaba casado y deja dos niñas; mientras que solo conocemos que Fabrizio Mendoza laboraba en El Hatillo y residía al parecer en municipio Chacao; tenía una acusación abierta por la Asamblea Nacional, en la comisión de Controlaría, por presunto fraude a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas quedó a cargo del procedimiento mientras que PoliHatillo prestará labores de apoyo.
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