Luego de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, referidas a los límites impuestos a la inmunidad parlamentaria, y la cautelar 4.4 del fallo 156, mediante la cual la Sala Constitucional asumía las competencias parlamentarias, “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las acciones de la Asamblea Nacional”, las dudas o temores que existían al momento de definir y caracterizar al gobierno venezolano se han desvanecido, aunque quedan algunos que se resistan a denominarlo así. El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura.
El profundo y acelerado deterioro económico generado por un modelo estatista, controlador y anti-empresa, sumado a una corrupción devenida saqueo del erario público por parte de la cúpula militar-civil en el poder, y a una oposición que a partir de Diciembre de 2015 es abierta mayoría electoral en Venezuela y desde el Poder Legislativo, definen un cuadro en el cual el desconocimiento por parte del gobierno de la voluntad popular y del mensaje de cambio enviado por la población en las urnas, nos han traído al actual escenario de conmoción y anomia, de protesta y conflictividad que van socavando las endebles bases de gobernabilidad de Nicolás Maduro.
La atroz represión de la GNB y la PNB a los ciudadanos que protestan y las evidencias en imágenes y videos de su actuación en coordinación con grupos irregulares o paramilitares armados, muchos de ellos “colectivos”, son la respuesta violenta de una administración que ha perdido su legitimidad y base de sustentación popular, y que apela a la fuerza, la represión y a las detenciones y encarcelamientos masivos como un recurso desesperado para acallar una protesta y resistencia que aumentan día a día. El aislamiento en materia política y diplomática, y la violación de Derechos Humanos, son signos claros del talante autoritario del régimen.
Gobiernos, organismos multilaterales, ONGs y Organizaciones como Provea califican ya sin ambages, al gobierno venezolano como una dictadura. De acuerdo a Sartori, una dictadura se caracteriza por: a) Un gobierno no democrático, b) Un gobierno no constitucional, y c) Un gobierno por la fuerza o violento.
Al cerrar las puertas de una salida electoral, bloquear el referéndum revocatorio, suspender las elecciones de gobernadores y alcaldes, y pretender eliminar el voto universal, directo y secreto mediante su propuesta de Asamblea “Constituyente”, Maduro conduce al país a un escenario de incertidumbre y violencia. Su “Constituyente” ha sido diseñada inconstitucional y fraudulentamente como un mecanismo corporativo con apariencia electoral, para legitimar su permanencia en el poder, suprimir la democracia y la actual forma de Estado y cualquier expresión crítica o disidente. Imponerla con sangre, represión, persecución y amenazas, desconociendo a la propia Constitución, y a las protestas y exigencias de todo un país, debilita su piso político y nos conduce a las arenas movedizas de la confrontación y la rebelión popular.
El aparato de propaganda oficial sigue trabajando, con turno redoblado y mentiras a granel. Mientras tanto, la frase se hace evidencia y convencimiento colectivo. Enfrentamos una dictadura con olor “Constituyente”.
@alexeiguerra