Más de 50 días de protestas contra la dictadura de Nicolás Maduro no solo ha demostrado la vehemencia de un pueblo que exige la restitución de sus derechos; sino que deja al descubierto la actitud de un Gobierno nacional que, lejos de implementar mecanismos para resolver el conflicto político, sigue dinamitando la búsqueda del consenso y las válvulas de escape de la presión social, al agudizar la represión, desoír las exigencias de la mayoría nacional y avanzar en la imposición de su proyecto para eternizarse en el poder, reseña Correo de Caroní.
La falta de respuestas a una crisis que no amaina con las manifestaciones ha llevado a la ciudadanía a subir el tono de su protesta, y el caso guayanés no ha sido la excepción.
Prueba de ello fue la jornada de este lunes, en las que, si bien la Marcha de las togas desmontó las falacias de la constituyente de Maduro y Marcha de las batas blancas exigió la apertura del canal humanitario, del otro lado de la ciudad, en la Unare de avenida Atlántico, la indignación tuvo un acento mayor en la radicalización de la protesta: el incendio de un vehículo de Corpoelec, y una respuesta más iracunda de los manifestantes ante una reprimenda militar que dejó seis detenidos y tres heridos, confirman que la agudización del conflicto tiene un único e ineludible responsable: el Gobierno nacional, que sigue imponiendo su autoritarismo con mayor fuerza ante el clamor ciudadano por el cambio político.