A la luz de la degradación ante la ONU de la Defensoría del Pueblo y de la actitud cómplice del Defensor del Pueblo frente a la creciente represión gubernamental respecto de las protestas de abril de este año, resulta pertinente conocer el desempeño de tan importante órgano público, creado por la Constitución de 1999 para la defensa de nuestros derechos humanos y la vigilancia de los servicios públicos. En este sentido, Acceso a la Justicia presenta un estudio sobre su desempeño sobre la base de las cifras oficiales desde el 2001 hasta el 2015.
Nota de prensa
Lo primero que se observa es que en un Estado de derecho todos los entes públicos deberían ser transparentes, sobre todo un organismo como la Defensoría del Pueblo en su condición de garante de los derechos humanos.
Aunque es cierto que en la página web de la Defensoría del Pueblo están publicados los informes anuales de la institución, faltan informaciones importantes como el número total de defensores.
En lo que respecta a la información presupuestaria de este organismo, esta está disponible en las leyes de presupuesto, los créditos adicionales y las rectificaciones.
Según esas fuentes, la asignación de recursos a la institución ha sido cada vez menor a partir de 2001 por virtud de la ley de presupuesto. Sin embargo, esta reducción se ha compensado con créditos adicionales y rectificaciones, aunque en 2015 no se aprobó crédito alguno y la Defensoría pasó a disponer de apenas una quinta parte de los recursos con los que contaba en 2001, llegando a representar el 0,00001% del presupuesto nacional, que es un décimo del valor observado en 2002.
La eficacia del organismo está empañada por la falta de claridad a la hora de informar sobre su gestión, lo que se hace más palpable cuando se intenta evaluar su desempeño sobre la base de las denuncias ingresadas y las que fueron atendidas.
Si a esto se suma la falta de sistematización al procesar los casos, englobando como “materias varias” la mayoría de las denuncias (62,2% en 2014), la calidad de la información está evidentemente comprometida: no es posible saber de qué se tratan seis de cada diez denuncias realizadas en los últimos dos años.
Lo que sí queda claro es que el patrón de denuncias recibidas por la Defensoría ha tenido una tendencia a la baja desde el 2002, cuando se registraron 60.037 casos. Tras un valor mínimo en 2009 (26.218) hubo una leve recuperación, en 2012 vuelve a descender ligeramente y en 2015 se aumentó a 39.418 denuncias. Además, desde el 2009, menos de un tercio de estas llega a tramitarse formalmente, muestra de su baja capacidad de respuesta.
El balance general del período es una caída en la demanda del servicio, que bien podría estar asociada a problemas de credibilidad de la institución, así como la disminución de su eficiencia en la atención de las denuncias recibidas, quizás asociada a la importante reducción de su presupuesto.
Para Acceso a la Justicia lo más importante de la investigación realizada es que revela la política del estado de no asignar recursos suficientes a organismos como estos que son fundamentales para la defensa del ciudadano y de los derechos humanos, así como la poca transparencia de la Defensoría del Pueblo en cuanto a la información sobre su desempeño, a pesar de estar obligada a rendir cuentas, como todo organismo público en un Estado de derecho y en una democracia.
¿Y tú venezolano, qué puedes hacer?
Si el órgano que debe denunciar las más grandes violaciones de tus derechos por el Estado, como son las de los derechos humanos, no es transparente en cuanto a su gestión y además está politizado, como demuestra su degradación ante la ONU, ¿cómo puede defenderte?
Por ello, como ciudadanos debemos estar pendientes de los procesos de selección de estos funcionarios, para cuya selección la propia Constitución (artículo 279) nos permite intervenir a través de la participación en un Comité de Postulaciones, que debería estar integrado por diversos sectores de la sociedad civil y que en cambio, desde que fue aprobada la Constitución, ha sido conformado por políticos.