La diputada a la asamblea nacional y presidenta de la comisión de administración y servicios del parlamento venezolano Melva Paredes señaló que la utilización de lo servicios públicos con fines discriminatorios por razones políticas es una vulneración evidente al estado de derecho, puntualizando la situación que se viene presentando con el Metro de Caracas al cerrar de manera constante ún grupo de estaciones a fin de evitar el traslado del pueblo que se manifiesta libremente en varias zonas de la capital, lo cual conlleva a lesionar también el derecho al libre tránsito consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, y que perjudica el desenvolvimiento también de jornadas laborales, académicas y comerciales, solo por utilizar un medio de transporte de todos los venezolanos como mecanismo de castigo a la ciudadanía que se encuentra en las calles solicitando mejor calidad de vida.
Nota de prensa
La parlamentaria Paredes explicó que no es el único caso en que los servicios públicos son utilizados como medio de coerción política para quien disiente, ya es bastante visible el tema de la prohibición de venta de boletos aéreos a dirigentes opositores a nivel nacional con la finalidad de evitar que la lucha política organizada llegue a todo el territorio de la república, lo cual no han podido impedir, así como también con la cancelación de pasaportes de manera alevosa para acallar voces que muestran la realidad de la crisis venezolana en el mundo, pero que ante cada atropello solo desnudan más la naturaleza de un régimen opresor, por lo que sentenció la legisladora que cada acto de estos está pasando al registro de la historia negra de la nación, y sus responsables responderán más temprano que tarde ante la justicia por los abusos y daños realizados.