El incremento en el despliegue de fuerzas militares para reprimir protestas, el aumento en el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y otros, y el uso de tribunales militares para tratar de silenciar voces disidentes, ilustra un terrorífico cambio de enfoque de las autoridades venezolanas para lidiar con la crisis de derechos humanos sembrando el caos a lo largo y ancho del país, declaró Amnistía Internacional después que al menos 60 personas fueron asesinadas durante protestas en los últimos 60 días.
“Al desplegar fuerzas y cortes militares para confrontar una situación política y social cada vez más tensa, la administración de Maduro sólo está intensificando la crisis, como quien intenta apagar un incendio con gasolina,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional
“El nivel de violaciones de derechos humanos y las acciones despiadadas de las autoridades venezolanas son una reminiscencia de los peores tiempos para los derechos humanos en las Américas.”
“Al desestimar a los manifestantes como ‘terroristas’ y acusar a civiles de crímenes que solo son aplicables a los soldados, la administración de Maduro está convirtiendo esta crisis política en un conflicto violento, cuando debería estar escuchando las preocupaciones legítimas de la gente y trabajando para encontrar soluciones.”
Durante las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han utilizado fuerza excesiva para evitar que manifestaciones pacíficas se lleven a cabo. Personas que viven en áreas residenciales, y que no toman parte en las manifestaciones, también han reportado ser víctimas de ataques indiscriminados con gas lacrimógeno.
La comunidad de La Isabelica, Carabobo, es un ejemplo notable del alcance del uso indiscriminado de la violencia contra las personas que no participan en la reciente ola de protestas. Amnistía ha recibido reportes directos de disparos al azar a transeúntes, gas lacrimógeno disparado directamente hacia casas y un miedo generalizado de reportar estos incidentes a las autoridades.
La situación ha sido particularmente grave en los estados de Carabobo, Lara, Barinas y el estado fronterizo de Táchira, donde más de 600 soldados han sido desplegados para responder a manifestaciones pacíficas.
“Desplegar fuerzas militares para contener manifestaciones y perseguir manifestantes en cortes militares son formas infalibles e ilegales de escalar aún más esta crisis. Por el contrario, las autoridades deben retirar urgentemente al personal militar de las manifestaciones, investigar las diversas violaciones a los derechos humanos reportadas en las semanas recientes y asegurar que las personas puedan protestar sin temor a ser lastimadas o asesinadas.”
Grupos de civiles armados –algunos de ellos presuntamente apoyados por el gobierno- han sido también reportados por haber agredido manifestantes y a cualquiera que proteste en contra de la administración de Maduro. Estos reportes son particularmente preocupantes, teniendo en cuenta la activación del gobierno del “Plan Zamora”, un programa gubernamental que aparentemente moviliza el uso conjunto de fuerzas civiles y militares para confrontar la crisis que se apodera del país.
Las autoridades no han publicado todos los detalles del plan, pero la referencia a la movilización de civiles junto con las fuerzas de seguridad del Estado es muy preocupante en el contexto actual de creciente violencia y tensión.
Desde el 4 de abril, hubo al menos 60 personas reportadas muertas y 1.000 heridas en el contexto de la crisis política, según cifras oficiales.
De acuerdo con ONG locales, cientos de personas han sido injustamente encarceladas en el marco de manifestaciones masivas contra el Gobierno, que han tenido lugar en toda Venezuela. Se cree que más de 300 personas han sido llevadas a tribunales militares, acusadas de delitos como “rebelión”, “terrorismo” y “traición”, y tratadas efectivamente como soldados en un conflicto armado.
Recientemente, la Fiscalía General de Venezuela ha pedido acceso a los detenidos.
En un informe publicado en abril, Amnistía Internacional resaltó el catálogo de acciones ilegales por parte de las autoridades venezolanas para reprimir la libertad de expresión y detener arbitrariamente a disidentes a lo largo y el ancho del país.