No hace falta fungir de adivino para descifrar de antemano el perverso plan diseñado por las mentes retorcidas que hoy tiranizan al país. Es claro que la dictadura necesita ensanchar su base de legalidad al precio que sea, aunque eso signifique terminar de lanzar a la basura la Constitución ellos mismos confeccionaron en 1999. El soporte jurídico que hasta la fecha le ha proporcionado el Tribunal Supremo de Justicia para neutralizar a la Asamblea Nacional legítimamente electa por voluntad popular en diciembre de 2015, ya no es suficiente. La presión de los aliados internacionales es grande, urge guardar las apariencias, maquillar los desmanes para poder argumentar una defensa convincente en los escenarios multilaterales donde la situación de Venezuela está en agenda.
Pero no solo eso, es imprescindible blindar las negociaciones que se vienen llevando a cabo con organismos financieros para obtener recursos y parapetear el presupuesto nacional. La Constitución vigente obliga al Ejecutivo Nacional a someter a la consideración de la Asamblea Nacional los contratos de interés público que celebre con entidades extranjeras. Las maniobras crediticias que a duras penas ha logrado en régimen en fecha reciente, tienen un costo jurídico muy riesgoso y ante la disyuntiva de seguir forzando la barda, el parapeto de Asamblea Constituyente le viene como anillo al dedo.
Las bases comiciales auguran un escenario de tiempo indefinido, cuestión que significa que los espurios constituyentistas permanecerán en sus curules el tiempo que sea necesario. Paradójicamente su prioridad no radicará en redactar una nueva constitución, en esto aplicarán la muy conocida “operación morrocoy”, con la excusa estar recogiendo “las propuestas del pueblo”. Lo que si ocupará la atención inicial de los “todopoderosos” constituyentistas es aplicar el hacha legal para disolver la Asamblea Nacional, destituir y castigar a la Fiscal General de la República y a todo aquel “chavista dudoso” que les venga en gana acusar. De igual modo, serán removidos gobernadores y alcaldes opositores, intervenidas aquellas Universidades Nacionales de donde ha surgido con fuerza el indómito movimiento estudiantil que hoy le pisa los callos al régimen.
Pero por sobre todo, esa constituyente anti republicana, asumirá las funciones de ente legislativo en tanto dure la elaboración del nuevo orden constitucional, es decir, aprobar leyes y contratos de interés público. Fungirá como suerte de chacal supra legal que con la excusa de la fuente originaria de su poder, hará válida la expresión de la ministra y aspirante constituyente, Iris Varela, de hacer “pagar hasta la última gota de sangre” a sus enemigos.
El precedente existe, puesto que la Constituyente de 1999, hizo y deshizo con una mayoría aplastante. Pero eran otros tiempos. Por entonces había “amor y frenesí” en torno a una figura carismática, además de una oposición en desbandada.
Ahora hay hambre y sed de justicia, nuevas frustraciones y poco que repartir. Pero aun así, la dictadura juega sus cartas, convencido que a sangre y fuego impondrá a los venezolanos su perverso plan de atornillarse en el poder hasta el “dos mil siempre”. ¡Amanecerá y veremos!