En su libro “Julio León: Corrupción, Política y Tráfico de Armas en nombre de Chávez”, editado el año 2011, Joel Figueroa señaló: “el gobernador personalmente dirige las acciones relacionadas con la extracción, distribución y venta de arena… existen indicios de las graves consecuencias de esas actividades en la biodiversidad y protección ambiental de la región”, además evidenció cómo los que trabajan con la arena en Yaracuy no son cercanos al mandatario regional, son de la mafia que él dirige. Esos síntomas perduran en una realidad convertida en violaciones a derechos y garantías constitucionales denunciadas desde diciembre de 2012, dejando a las víctimas en estado de indefensión, efectos del saque abusivo de arena favorecido desde la Gobernación del Estado Yaracuy.
En la capital yaracuyana, San Felipe, está desapareciendo la cuenca del afluente que le da el nombre a esa entidad, el Río Yaracuy, por “un ecocidio continuado” causante del deterioro precipitado del medio ambiente, los recursos acuíferos y ecológicos de la República, de daños, robo y saboteo a la propiedad agraria, y de la debilitación de infraestructura de obras públicas. Gustavo Villegas Julien y Luisa Rivero de Villegas, abogados, él oficial del ejército, vienen denunciando esos estragos y abusos desde diciembre de 2012, cuando empezaron a ser víctimas, junto a su familia, de una campaña de acoso y violencia hecha sin disimulos por Luis y Alfonso Ricardo Peña Lafaurie, para que abandonen una parcela agrícola ubicada en las adyacencias de la cuenca, de la cual son propietarios desde hace 25 años; sus recursos, interpuestos en instancias judiciales y autoridades administrativas, especialmente los encaminados a hacer verificar el delito de Ecocidio y la violación de derechos humanos a muchos productores agropecuarios como ellos, además de la Medida de Protección Ambiental solicitada para esa cuenca, no han obtenido respuesta alguna.
Los hermanos Peña Lafaurie, propietarios de la Arenera El Peñón, presuntamente sin cubrir requerimientos legales ni técnicos para dedicarse a esa actividad, llevan a cabo la extracción irracional de arena derivada en “ecocidio continuado”; en febrero de 2013 la periodista Sebastiana Barráez, en el semanario Quinto Día, denunció los daños ambientales que han causado en predios con vocación agrícola amparados por decisiones judiciales de Luisa Estela Morales, daños ambientales elevados al conocimiento del Ministerio Público con elementos demostrativos irrebatibles: desvío del Río Yaracuy de su cauce natural, destrucción de la zona protectora a ambos lados del mismo, desaparición de su caudal y flora característica de sus márgenes, con las consecuencias que de ello deriva cuando llega el período de lluvias, construcción disparatada de vías y afectación de una estación experimental de la Universidad Central de Venezuela.
La afectación drástica de la cuenca del Río Yaracuy y sus tributarios, mediante la extracción de arena dentro de sus cauces, causó la caída del nivel freático, ahora no hay humedad en las vegas, se secaron las quebradas y los pozos artesanales para el consumo de agua de personas y animales, afectando gravemente la actividad agrícola y pecuaria, agudizando el problema del abastecimiento de agua y el cambio climático en la región. Estos hechos constituyen violaciones graves a los Derecho Humanos, además de transgredir preceptos constitucionales relativos a los derechos ambientales, tratados internacionales y ordenamiento jurídico en la materia, violan también el Decreto 3.203, de fecha 06 de abril de 2015, emitido por el gobernador Julio León Heredia, quien maliciosamente no hace nada al respecto.
¿Cómo se puede llegar a una situación tan extrema? Lo dijo José Toro Hardy sobre los chavistas, “a decir verdad, ni siquiera sé si son comunistas. Son simplemente unos mafiosos”, esa condición habla del otorgamiento de una Medida Cautelar Anticipada de Protección exprés a Luis y Alfonso Ricardo Peña Lafaurie, acordada por el mismo Tribunal Agrario que declinó su competencia cuando Gustavo Villegas Julien y Luisa Rivero de Villegas se la pidieron con carácter de urgencia, por eso apelaron esa decisión producto de un innegable fraude procesal, hasta llegar al TSJ sin obtener respuesta oportuna, difícilmente la obtendrán, es el mismo TSJ que en Sala Plena desestimó denuncias que vinculan a Julio León Heredia con el narcotráfico. Artimañas propias de la naturaleza totalitaria del fraudulento gobierno de León Heredia, experto distractor de realidades y artífice de la mafia de la arena. Es la democracia interpretada, entendida y ejecutada con funcionarios corruptos y jueces prevaricadores por el peor gobierno de Yaracuy, sólo superado por el de Carlos Giménez.
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