Este miércoles 08 de junio el Coordinador de Movimientos Sociales de la Mesa de la Unidad Democrática en Bolívar, Raúl Yusef, en medio de agresiones de colectivos chavistas paramilitares entregó un documento en la Fiscalía General de la República en Caracas, solicitando una investigación al gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez, por instigación al odio. Durante la actividad también resultaron agredidos periodistas incluyendo una reportera de Globovisión que fue golpeada por los paramilitares.
Nota de prensa
El líder político de Bolívar se presentó en la sede del Ministerio Público en la ciudad de Caracas para entregar el respetivo documento solicitando una investigación al gobernador del estado, cuando fue agredido por colectivos paramilitares.
Yusef indicó que las autoridades competentes deben proceder ante la “campaña de odio” que lleva el chavismo, provocando e incitando acciones violentas por parte de la fuerza armada, además del uso letal de la fuerza para reprimir la protesta pacífica, que ha 66 muertos en el país, como ocurrió en el decanato de la UDO Bolívar, donde fue asesinado de un disparo Augusto Puga, en medio de una brutal represión de la GNB y la Policía del estado.
En ese sentido, solicitó ante el Ministerio Público la apertura de una investigación al Gobernador del estado Bolívar, Gral. Francisco Rangel, por el ejercicio de la Denuncia Temeraria y Maliciosa, en el caso de los incendios de Transbolívar y el depósito de medicinas en el Hospital de Ciudad Bolívar, así como de instigación al odio y a delinquir.
Igualmente solicitó a la Fiscalía la investigación pertinente al Ministro del PP. para las Telecomunicaciones, Ernesto Villegas; y al Director General de Conatel, Andrés Eloy Méndez; esto por la campaña comunicacional desarrollada por el Gobierno Nacional durante los últimos 30 días, a través del conocido, denominado y transmitido en cadena nacional “Noticiero de la Patria”.
Considera que las trasmisiones están cargadas de odio, incitando la violencia, además justificando los desmanes cometidos por la GNB y la PNB, que tienen como consecuencia más de 63 asesinatos en el país, durante las protestas que iniciaron en abril de 2017.
“Nos asiste la convicción que es menester denunciar y detener la campaña de odio que califica como terroristas a manifestantes desarmados, que evidentemente no lo son, pues la misma está induciendo a la intensificación en el uso de la fuerza letal con un saldo creciente de asesinatos en las manifestaciones por parte de funcionarios policiales y militares, lo que en sí mismo constituye delitos de Lesa Humanidad, tanto los asesinatos, cada vez más sistemáticos y recurrentes, como la campaña que los justifica e induce”.
“Nos preocupa profundamente la experiencia en América Latina, que cada vez que un régimen desata una campaña de discurso de odio contra su oposición, esta es sucedida por una oleada de represión letal con una alta cifra de homicidios de tipo político”.
“La Paz del país depende que se haga prevalecer el ordenamiento jurídico, en especial al atinente a los Derechos Humanos, así como del retorno a la vigencia de la Constitución, violentada por quienes deberían garantizar su prevalencia”.
“Reiterando nuestro llamado a que el Ministerio Público actúe en defensa de la legalidad y contra la comisión de delitos, que en este caso empiezan a prefigurar en nuestra opinión una operación de Terrorismo de Estado”, concluyó.