Katherine Nayaruth Haringthon Padrón quien en la actualidad se desempeña en la consultoría jurídica del Sebin, es vista dentro del seno radical del gobierno como una posible aspirante para asumir el máximo cargo del órgano que dirige la investigación penal.
Una fuente informó a lapatilla.com, que ante la posibilidad de que desde el Tribunal Supremo de Justicia se intente despojar de su investidura a la actual cabeza del Ministerio Público, Haringthon podría ser una de las sucesoras, aun cuando la remoción del cargo solo puede hacerse desde el seno del parlamento venezolano, tal como lo señala la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Artículo 22. El Fiscal o la Fiscal General de la República podrá ser removido o removida por la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría, absoluta de sus integrantes, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
Otro punto por lo que Harringthon no debería ejercer la titularidad de la Fiscalía, es por su compromiso escrito y manifiesto en el documento de solicitud de jubilación de fecha 29 de septiembre de 2016, en el cual señala que durante el año y medio que se desempeñó como Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, lo hizo “con un evidente activismo político, propio de mi misión que me fue encomendada por nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela(…) sin duda mi actuar determinado compromete flagrantemente la debida objetividad que debe presentar un Fiscal del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones”.
Según lo establecido en el ordenamiento jurídico que rige al órgano rector de la investigación penal dentro del marco de la objetividad en su Artículo 10 expresa lo siguiente:
Los fiscales o las fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a criterios de objetividad, procurando siempre la correcta interpretación de la ley con preeminencia de la justicia.
Katherine Harrington fue una de los siete sancionados por Estados Unidos durante el gobierno del presidente Barak Obama. Para aquel entonces se desempeñaba como fiscal 20 nacional del Ministerio Público, y dentro de los casos emblemáticos que pasaron por sus decisiones estuvo la imputación al alcalde metropolitano Antonio Ledezma por los presuntos delitos de organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno de Venezuela.
La fuente explicó que ante las declaraciones ofrecidas por Ortega Díaz de rechazo a una Asamblea Nacional Constituyente, varios han sido los movimientos que ha hecho el ala radical del poder público, desde no transmitir ni dar cobertura a sus alocuciones, hasta declarar inadmisible una petición de aclaratoria sobre una sentencia.
El informante también mencionó a Isaías Rodríguez como un posible sucesor que retorne al MP, y que dentro del equipo no se descartaría que lo integraran Alis Boscán, quien fuese Vicefiscal entre otros directores que ya no laboran en la institución, concluyó.