Nota importante:
Por una amable invitación a la Alianza Nacional Constituyente por parte del Mons. Juan de Dios Peña Rojas, Obispo de El Vigía, tuve el honor de dirigir algunas palabras a la comunidad de párrocos de la Diócesis de El Vigía, Estado Mérida, conjuntamente con la Dra. Blanca Rosa Mármol de León, en la intención de intercambiar opiniones desde el punto de vista institucional en relación a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Ejecutivo Nacional. Mons. Peña Rojas aclaró la posición institucional de la Iglesia en este tema reafirmando la firme convicción de la Iglesia Católica y de la Conferencia Episcopal Venezolana en la defensa a la Constitución y a los valores democráticos de los venezolanos. A continuación mi intervención completa en ese importante evento.
El papel constituyente de la Iglesia Católica venezolana
Por Luis Manuel Aguana
Intervención en El Vigía, Estado Mérida, con la Iglesia de Mérida
7 de Junio de 2017
Buenos días.
Desde la Alianza Nacional Constituyente celebro este encuentro con la Iglesia del Estado Mérida, y sugiero seguirlo profundizando posteriormente. Deseo comenzar citando parte de las palabras de Mons. Diego Padrón, Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana en su comunicación a la Comisión del gobierno encargada de la organización de las Bases Comiciales de la pretendida Asamblea Constituyente, refiriéndose al proceso iniciado por el Presidente de la República el 1ro. de Mayo:
“1. Que esta Asamblea Constituyente es innecesaria, porque Venezuela cuenta con una de las constituciones más completas del mundo. Ella contiene lo que cualquier otra constitución nacional quiere garantizar. Lo que hace falta no es reformar el texto constitucional, sino que el Gobierno le dé pleno cumplimiento a su letra y su espíritu. Y si la cumpliera, podría, en algún caso, proponer su enmienda.”
“2. Es innecesaria, porque no es lo que el pueblo necesita. Lo que necesita y reclama el pueblo, en primer lugar, es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas….”
En un artículo que publique el mes pasado destacaba a los excelentísimos Obispos de la Iglesia Católica que la Constitución de 1999 no era ni de lejos“una de las más completas del mundo”, como afirmaba la Conferencia Episcopal Venezolana en ese comunicado, sino que de hecho era la responsable de gran parte de lo que sucede en Venezuela. Esta es una extraordinaria oportunidad para intercambiar con ustedes porque la Alianza Nacional Constituyente, no solo difiere del planteamiento del gobierno en convocar un proceso que consideramos fraudulento, sino porque insistimos en realizar una Constituyente verdadera y de carácter Originario para cambiar la constitución.
Venezuela tiene más de 200 años debatiéndose entre un centralismo asfixiante de las regiones y unas regiones que a su vez desean y no terminan de desarrollarse en base a sus propias potencialidades políticas, económicas, humanas y culturales.
La Constitución de 1999 destruyo el proceso de descentralización que venía realizándose exitosamente desde 1989. De acuerdo al constitucionalista Allan Brewer-Carias en su escrito “Federación Centralizada en Venezuela: Una contradicción Constitucional” escribió y cito:“Desafortunadamente, el proceso constituyente de 1999 no fue concebido como un instrumento para la conciliación con vistas a la reconstrucción del sistema democrático, para asegurar su gobernabilidad efectiva. Ello hubiera requerido el compromiso político de todos los componentes de la sociedad y del liderazgo político, así como la participación de todos sus sectores en el diseño de una nueva forma de funcionamiento de la democracia, lo cual no ocurrió. El proceso constituyente, al contrario, sirvió para lo antes mencionado, es decir, para facilitar el total apoderamiento de todas las ramas del Poder Público por el nuevo grupo político que se formó en torno al nuevo Presidente, que aplastó no sólo a los otros grupos y partidos políticos, sino a la autonomía de los Estados de la federación.”. Fin de la cita.
De manera pues que mal podemos decir que los venezolanos debemos estar contentos con este adefesio constitucional de 1999. En palabras del constitucionalista Asdrúbal Aguiar en un Foro realizado en Julio de 2014 en El Nacional refiriéndose ya más concretamente al texto de la Constitución de 1999 indicaba, y cito: “…se crea un Estado Centralizado, se elimina la autonomía municipal, base histórica no solo de la República sino de nuestra experiencia democrática, se condicionan las competencias Municipales y Estadales a las leyes nacionales, se le entregan al Presidente de la República mediante lo que originalmente se llamó en los debates constituyentes, las leyes de base, copia del modelo constitucional cubano, pero para evitar el escándalo, dijeron que la figura se trataba de Leyes Habilitantes, pero habilitantes que en defecto de la tradición constitucional nuestra permite habilitar al Presidente para que pueda hacer todo lo que le de la gana en materia legislativa sin ningún tipo de limitación, y por si fuese poco, se incorpora un Capítulo de Seguridad Nacional en donde el concepto estratégico de la Nación lo define el propio Presidente de la República bajo una perspectiva en donde la Seguridad Nacional incluye todo, hasta la forma de caminar de los ciudadanos en Venezuela. Conclusión: ¿Para qué sirve la Constitución del 99? En perspectiva democrática para nada. Dentro de la perspectiva de lo que ha vivido el país en el curso de los últimos 15 años, ha servido para todo…” . Fin de la cita.
Nos preguntamos entonces, ¿por qué se insiste en exaltar este paquete chileno que es la Constitución de 1999, como “la mejor” y “más completa” del mundo? ¿Cómo se puede decir que esa Constitución no es la responsable de lo que pasa en Venezuela, sobre todo del ahorcamiento de la descentralización y el desastre económico socialista, habida cuenta que Chávez se monto en ella para todas las leyes Habilitantes económicas que le dio la gana para producir el Estado Comunal de facto que estamos viviendo? ¡Y quien nos lo esté vendiendo sea nuestra misma oposición y ahora, lamentablemente, los Obispos de la Iglesia Católica! No lo puedo entender.
A nuestro juicio a esta Constitución hay que cambiarla si deseamos levantar cabeza en el futuro, y cuanto antes mejor. Tampoco es un problema de “acatamiento” de la que tenemos como siguen insistiendo algunos. El problema que tiene la Constitución de 1999 es estructural, como bien nos lo señalan quienes se consideran internacionalmente los mejores especialistas de la materia, y nos está haciendo daño. Si la estructura de su casa está dañada, o usted la arregla o se muda, no se queda a esperar que le caiga encima. Pero lo primero que hay que cambiar es la ignorancia de la dirigencia política en esta materia tan vital para nosotros, y en consecuencia el discurso y los mensajes erróneos que les están enviando a los venezolanos.
Y allí la Iglesia Católica venezolana debe jugar un papel constituyente fundamental.
Luego de la Independencia nunca se cumplió la promesa federal de desarrollo territorial establecida por nuestros fundadores en 1811. El país se dividió, quedando esa ilusión de federación, profundizada por pleitos de caudillos regionales, muchos de ellos jefes independentistas, que llevaron luego al país a una nueva guerra, esta vez Federal. Muy posteriormente el dictador tachirense Juan Vicente Gómez, al inicio del siglo XX, pone orden y reunifica al país acabando con esos caudillos regionales, centralizando de una vez por todas el desorden histórico. Por eso es que autores como el desaparecido constituyente de 1999 Jorge Olavarría, indicaba que la federación en Venezuela ha sido un fetiche ilusorio que hemos reclamado, y que ha provocado muchos muertos en nuestra historia republicana. Al centralizarse Venezuela a principios del siglo pasado, se sacrifica la escasaautonomía- económica y política- de las regiones, lograda por el triunfo de los federalistas en la Guerra Federal, por la paz en beneficio de todos.
¿Cuál es el deber ser ahora? Una forma de Estado que apunte a acercar el Poder a las personas para que estas puedan asumir la responsabilidad que les corresponde como ciudadanos. Y eso existía en la Venezuela de 1810, donde las decisiones de política se llevaban al Cabildo, como única y última instancia de los ciudadanos. La Independencia de Venezuela se gestó en el Cabildo de Caracas el 19 de abril de 1810. Debemos devolver la política a los ciudadanos y no existe otra manera de hacerlo que regresarles normativamente el Poder del que antes disponían en las ciudades como protagonistas del futuro de sus comunidades, y que perdieron luego de la Guerra de Independencia, con el alejamiento del Poder a los centros de decisiones militares, lejos de los problemas civiles de la ciudad y del país.
Sin embargo, la construcción normativa que constitucionalmente tenemos desde 1830, año del inicio de la República tal y como la conocemos ahora, impide esa aspiración. Desde entonces todas nuestras Constituciones reservan todo el Poder al Presidente de la Republica, así como el manejo de la Hacienda Pública y las Fuerzas Armadas. Los Estados y Municipios están relegados y sometidos a un papel de segundo orden cuando son ellos los responsables de la calidad de vida de los ciudadanos.
Debemos cambiar la forma de un Estado de Poder Centralizado por una de Poder Descentralizado, acercando el Poder a los ciudadanos, y eso conlleva cambios importantes en cuestiones tan significativas como la redistribución del Poder y las Instituciones, actual y constitucionalmente en manos de pocos, a un Poder establecido constitucionalmente en manos de muchos. O dicho de una manera más sencilla, la construcción de nuevas formas institucionales que traspasen ese Poder, ahora en manos de pocas personas, a un poder en manos de Instituciones y de Ciudadanos.
Posiblemente aquí estemos dando, si no con el fondo del problema, si con una de las raíces fundamentales de muchas de nuestras principales preocupaciones como sociedad. Las razones por las cuales los venezolanos siempre esperamos que alguien milagrosamente resuelva todos los problemas, pareciera una suerte de enfermedad que se ha traspasado de generación en generación. La espera afanosa de un liderazgo que nunca aparece, y que nunca aparecerá hasta tanto la gente no internalice que la respuesta se encuentra en cada uno de ellos como ciudadanos.
Nadie puede someter a un pueblo culto, consciente de sus derechos. Por esa razón los países con indicadores altos en materia educativa disponen de gobiernos respetuosos de los derechos humanos con altos grados de desarrollo social y económico.
Si la base de nuestro Pacto Social fundamental, que es la Constitución, está estructurada de forma tal que sea el Estado quien distribuya (el Estado benefactor), quien decida cuanto y en qué forma darle a los ciudadanos su parte del reparto de la renta del país, conceptualmente estamos partiendo de un modo equivocado. Eso nos condiciona en el Pacto a que hay alguien que da y otro que recibe, independientemente de las porciones que se repartan. Ese esquema genera de por si a quienes busquen repartir en su propio beneficio.
No se plantea en la Constitución que son los ciudadanos los que deben trabajar para el sostenimiento de las Instituciones del Estado. No existe la capacidad ciudadana para manejar los impuestos y la discrecionalidad política, administrativa y financiera necesaria para resolver su diario vivir y su calidad de vida.
Al no ser eso así, queda en las manos de quien reparte proveer el bienestar ciudadano, y de allí comienza la feroz lucha de los factores políticos para alcanzar las posiciones de Poder que les permitan ejercer la administración del Estado, pervirtiendo el objeto fundamental de su propia razón de ser, que no es otro que el de proveer bienestar y calidad de vida a los ciudadanos.
El Municipio, unidad básica y fundamental del territorio que reúne bajo su seno a las comunidades agrupadas en ciudades, en la actualidad dependen para sus necesidades más elementales del auxilio financiero del Estado. La organización que nos hemos dado a través de ese Pacto Social que es la Constitución, aún reparte la renta del país hasta en un 20% a todos los Estados y Municipios, a través de una figura jurídica denominada Situado Constitucional (Artículo 167.4 Constitucional). De ese 20%, los Municipios han recibido históricamente a su vez un 20%, quedándole al Estado regional el 80% restante de ese 20%. Es un Pacto absurdo donde gana quien reparte y no los ciudadanos.
En otras palabras, el Municipio, el lugar donde viven las personas, donde desarrollan sus actividades, su trabajo, su recreación, se educan y conviven, recibe la parte más ínfima en el reparto, quedando al arbitrio de una entidad superior, “El Estado”, la buena o mala administración de esos recursos. Los impuestos nacionales como el IVA, no se regresan a ellos en la misma proporción, así como tampoco los impuestos de transacciones inmobiliarias, y aquellos provenientes de los registros y notaría de documentos. De esta manera, en ninguna parte de Venezuela los ciudadanos disfrutan de los impuestos que ellos mismos generan, quedando estos a la discrecionalidad de quien conduzca el Estado y de su buena o mala administración, y no de los ciudadanos que los producen. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo.
¿Puede ser ese un esquema viable? ¿Cómo puede una persona consustanciarse con sus problemas y sus soluciones en las ciudades cuando no está en ellas el poder resolverlos? ¿Qué interés puede tener? En pocas palabras, ¿cómo puede alguien ejercer su ciudadanía, si de entrada esta cercenada su capacidad de ejercerla? El sistema no está diseñado para hacer ciudadanos sino habitantes, o peor aún, borregos sin criterio que deben ser conducidos al matadero.
Pues bien, de eso se trata todo esto. De eso se trata nuestro planteamiento fundamental al país con el Proyecto País Venezuela y ahora con la Alianza Nacional Constituyente. De cómo desmontamos lo que haya que desmontar para conseguir que el ciudadano se desarrolle integralmente dentro de un Pacto con justicia social. Y creo que la Iglesia debe ser parte fundamental de todo este esfuerzo, configurando un papel único de difusión y formación ciudadana constitucional.
Debemos lograr esto conjuntamente con el apoyo de todos los sectores, pero especialmente con aquellos más cercanos a la población, como lo es la Iglesia Católica y su organización pastoral, partiendo de las regiones, comunicando y formando al pueblo de la extraordinaria importancia de su autonomía política, administrativa, financiera y fiscal, para la gestación de un nuevo País, Estado y Ciudadano. Alli esta el centro de nuestra propuesta del Proyecto País Venezuela.
Tenía que partir de estos conceptos fundamentales para poner los caballos delante de la carreta y ordenar el “para qué” la Alianza Nacional Constituyente anda en esto de una Constituyente desde hace más de 15 años. ¿Lo comprenden ahora? Sin embargo pareciera que en este momento se nos ponen las cosas más difíciles, cuando la verdad es que se justifican aún más…
Celebramos las posiciones firmes de la Iglesia y la Conferencia Episcopal Venezolana en relación a la forma de gobierno que ha llevado a la pobreza a millones de venezolanos. Estamos seguros que ahora que conocen un poco más nuestras motivaciones puedan entender mejor la necesidad del cambio estructural que impulsamos para Venezuela, traducida en una forma del Estado a favor de la población y de sus regiones. Y es por eso que la propuesta es que sea el pueblo el que decida convocarla, al margen de cualquier otro interés, es decir, el Poder Originario, y de allí su nombre: Constituyente Originaria.
Desde la Alianza Nacional Constituyente, organización que se constituyó con el único objeto de impulsar un movimiento para el cambio de la forma de Estado a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, hemos estudiado por muchos años como plantearle al país ese cambio, y esa manera no es otra que a través de una convocatoria al Constituyente de Carácter Originario, por iniciativa popular, esto es, de la mano del pueblo de Venezuela.
Invocamos la bendición de Dios Todopoderoso para que ilumine el camino que hemos decidido recorrer y la ayuda de su Iglesia, que representándolo en la Tierra, pueden hacer de ese camino un poco más posible y creíble a los ojos de nuestros conciudadanos…
Muchísimas gracias…
Caracas, 7 de Junio de 2017
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