Expusimos en el artículo anterior la inconstitucionalidad de la solicitud a una Asamblea Constituyente, por parte de Maduro, y su carácter regresivo que menoscaba los derechos humanos. El 90% de la población no la desea.
Una cúpula del chavismo sin Chávez, pretende, desconociendo la constitución que nos dimos los venezolanos (1999) imponer una nueva Carta Magna en donde el pueblo es esclavo y el régimen el esclavista.
Los artículos 5, 333 y 350 constitucionales garantizan en su integridad orgánica: 1.- la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en las formas previstas en la constitución y en la ley. 2.- la actual constitución no perderá su vigencia o dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en la ley. 3.- todo ciudadano investido o no de autoridad fiel a su tradición republicana tendrá el deber de colaborar en el establecimiento de su efectiva vigencia. 4.- el pueblo fiel a su tradición democrática, en su lucha por la libertad, la paz y la independencia desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que viole los principios y garantías democráticas, espíritu ineludible de la Carta Magna y del pacto social que de ella emana.
El CNE ramificación del régimen cómplice de la tragedia institucional social y económica que vive el país fijo, inconstitucionalmente, el día 30 de julio para realizar el acto electoral, bajo la imposición de unas bases comiciales espurias, regresivas en cuanto a progresividad constitucional, que legitimaría al régimen en sus pretensiones dictatoriales.
Llego la hora de desconocer abiertamente al régimen, el heroico pueblo venezolano a lo largo y ancho, del suelo patrio, ha marchado diariamente por más de 70 días, en protesta ciudadana apegado a lo establecido en el articulado constitucional al cual hicimos mención.
Una nueva estrategia de lucha, envolvente, debemos implementar: la toma organizada y profundamente democrática de los espacios físicos de los centros de votación a nivel nacional, con el objeto primario de impedir que el régimen le arrebate la vida republicana y la democracia al pueblo venezolano.
Para ello debemos organizar a los ciudadanos aledaños a los centros de votación, a las asociaciones de vecinos, los condominios residenciales, las organizaciones educativas, padres y representantes, etc. Es decir, todas las fuerzas vivas que hacen vida en el entorno de los centros educativos que sean objeto del acto electoral. No debemos permitir que se coloquen las máquinas de votación ni que el Plan Republica tome los centros educativos. Asúmanos lo planteado por la Fiscal General de la República: desobediencia civil.
Esta iniciática no puede calificarse como un acto de saboteo electoral, todo lo contrario, es un acto popular para restablecer el hilo constitucional roto.
Es hora de involucrar en la protesta cívica y democrática al pueblo en todos sus estratos sociales, que el grito de libertad y democracia ruja en todos los rincones del país. Llego la hora de poner fin a este desmadre del chavismo sin Chávez.