La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz solicitó este lunes una nueva medida ante el Tribunal Supremo de Justicia para impugnar la decisión de la Asamblea Nacional del pasado 23 de diciembre de 2015 sobre la legitimidad de origen de 13 Magistrados principales y 20 suplentes, pues en su designación no participó debidamente el Poder Ciudadano.
“Por la paz del país, magistrados del TSJ deben ser desincorporados de forma inmediata”, dijo la Fiscal a Maripili Hernández en su programa transmitido por Unión Radio.
Ortega Díaz aseguró que en su momento, advirtió que el proceso de la elección de los integrantes del TSJ “estaba mal hecho”, por lo que estaría solicitando que estos queden recusados de pleno derecho.
Asimismo, explicó que consignó ante el Supremo un informe donde se evidenciarían las supuestas irregularidades presentadas durante dicho proceso de selección y aseguró que tardó 18 meses en pronunciarse sobre este tema por la dificultad que tuvo el Ministerio Público para acceder a las “pruebas” provenientes del Consejo Moral Republicano.
Estos magistrados fueron juramentados por el Parlamento luego de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y antes de que el chavismo entregara el mando de esta instancia el 5 de enero de 2016.
“Yo creo que la falta de legitimidad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad, es sin duda un factor que ha contribuido a que el Tribunal Supremo no dé soluciones efectivas a la crisis del país sino por el contrario, lo que se encarga es de acelerar la crisis”, sostuvo la fiscal.
Asimismo, subrayó que los 33 jueces impugnados deberán inhibirse de esta causa y advirtió de que, en caso contrario, les recusará.
“Yo creo que por la salud del país ellos deberían ser desincorporados”, insistió y agregó que el Poder Judicial debería convocar de manera inmediata a nuevos magistrados.
También criticó que los distintos recursos que ha interpuesto ante el Poder Judicial no han sido considerados, ni siquiera admitidos, pero no ha habido un pronunciamiento de fondo sobre la materia y por eso ahora toma esta acción.
Además, cuestionó la rapidez de la decisión emitida por el TSJ en respuesta al recurso interpuesto en contra de la Asamblea Nacional Constituyente.
“Mis opiniones son estrictamente jurídicas, no tengo otro interés de haya tensión. Lo que me interesa es que el reclamo que hagan las personas sea debidamente atendido, no es posible que vas a una institución y no te den respuesta”, declaró la Fisacl.
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