De acuerdo al Observatorio de Gasto Publico de Cedice Libertad, Venezuela se enfrenta actualmente a una situación crónica de escasez de alimentos y medicamentos, las empresas tienen un limitado acceso a las divisas para importar materias primas e insumos para producir, la deuda externa genera elevados niveles de servicio de deuda, la deuda externa suma unos 193.000 millones de dólares y aún así, la propuesta del Poder Ejecutivo para enfrentar los problemas económicos, sociales e institucionales del país, consiste simplemente en convocar a una Asamblea Constituyente, que además de omitir la democrática participación ciudadana, y habiendo sido considerada inconstitucional por numerosos profesionales del derecho, no estaba presupuestada para este año.
Se estima que la Asamblea Nacional Constituyente podría costarle al Estado unos 5.989 millones de bolívares, equivalente a USD 8,6 millones a tasa DICOM. Como esta convocatoria no estaba presupuestada, requeriría un Crédito Adicional, y que dadas las restricciones internas, más temprano que tardo terminará como un Incremento de la Deuda Externa.
Resultaría incluso mucho más costosa si se plantea con voto manual, como lo insinuó Nicolás Maduro el pasado 20 de febrero, y si viene acompañada de referendos consultivos. El proceso de Constituyente obviamente da la espalda a las necesidades prioritarias de la sociedad, porque no cumple con el importante paso de consultar a la población si está de acuerdo o no en cambiar la Constitución.
En el supuesto caso, que no se desee realizar el referéndum consultivo sobre la Constituyente para reducir costos del proceso, también es cierto que el referéndum consultivo evitaría costos posteriores mayores, como instalación de una nueva Asamblea, creación de una nueva Constitución y replanteamiento de todos los poderes, si la mayor parte de la población declinase la propuesta, que sería lo más probable si la mayoría actualmente está exigiendo que le resuelvan sus problemas económicos y sociales y no una nueva Constitución. Además, el hecho que se coloquen las elecciones de la Constituyente antes de las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores (que debieron hacerse el año pasado) hace inviables las posteriores elecciones, puesto no hay presupuesto ni recursos adicionales diferentes a la deuda externa, para todos esos fines.
Nota de prensa