Durante el primer semestre la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se ha deslindado de varias acciones del Ejecutivo. En el tablero político, ella está moviendo sus piezas. El Tribunal Supremo de Justicia ha respondido con celeridad a cada una de las jugadas. La expectativa está centrada en cuál será la próxima movida de la máxima autoridad del Ministerio Público –que para el gobierno se ha convertido en su principal adversario– luego de que la Sala Plena admitió la solicitud de un antejuicio de mérito en su contra.
Por Sofía Nederr / El Nacional
Ortega Díaz, quien fue designada frente al Ministerio Público por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2007 para el período 2008-2014 y ratificada para el lapso 2014-2021, asegura que actúa en defensa del Estado de Derecho y de la Constitución de 1999.
Fiel al proyecto que lideró el presidente Hugo Chávez, ahora la fiscal ha sido blanco de ataques de oficialistas, entre ellos del propio presidente Nicolás Maduro. “Todas las acciones intentadas por nuestra institución han sido desechadas, inadmitidas, negadas, sin que se produjera un pronunciamiento a fondo del Tribunal Supremo”, advirtió Ortega Díaz el 13 de junio.
“La fiscal general ha actuado en cumplimiento de su obligación como representante del Ministerio Público para garantizar el respeto a la Constitución. Las sentencias 155 y 156 fueron denunciadas por Ortega Díaz por considerar que estas significaban la ruptura del orden constitucional. El TSJ no puede sustituir al Parlamento. La Sala Constitucional le dio la razón a la fiscal, en una decisión gatopardiana, cuando corrigió algunos aspectos. Los magistrados reconocieron que actuaron fuera de la carta magna”, señaló el abogado Javier Elechiguerra, ex fiscal de la República.
Para Elechiguerra, Ortega Díaz tuvo razón cuando hace unos días acusó a los magistrados de incurrir en el delito de conspiración para alterar la forma republicana. La funcionaria solicitó un antejuicio de mérito contra los juristas, que fue negado por los propios afectados. “Los magistrados han sido juez y parte ante las peticiones de la fiscal, cuando debieron inhibirse. En este contexto el Estado venezolano quedó muy mal ante el mundo, al violentar derechos universales.
Por el contrario, Ortega Díaz cumplió con su obligación. Actuará hasta donde se lo permita la Constitución”, expresó.
El ex fiscal dijo que las actuaciones de Ortega Díaz han sido semejantes a las asumidas en 2002 por el entonces fiscal Isaías Rodríguez, cuando denunció el golpe de Estado contra Chávez. Considera que en ambos casos la conducta fue legítima. “A Isaías Rodríguez nadie intentó enjuiciarlo, porque lo que hizo corresponde a la función de un fiscal. Él y Ortega Díaz actuaron según su juramento”.
Restablecimiento democrático. El ex magistrado Perkins Rocha dijo que Ortega Díaz ha actuado conforme a lo que dispone el artículo 333 de la carta magna, según el cual todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar para el restablecimiento de la Constitución.
“La fiscal ha desnudado ante el país y la comunidad internacional la falta de imparcialidad y el sesgo de las autoridades del TSJ puestas por Maduro, cuando están obligadas a velar por el Poder Público”, indicó.
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