Uno, tumbado por el chorro de una ballena. Otro, empujado hacia una alcantarilla. La mayoría, rociada con gas pimienta, asfixiada con gas lacrimógeno e impactada por perdigones, reseña Reuters.
Un grupo de diputados jóvenes venezolanos ha ganado prominencia en la violenta línea del frente de las protestas antigubernamentales que han sacudido al país petrolero sudamericano durante casi tres meses, durante los cuales han muerto 75 personas.
En las calles, los miembros de la Asamblea Nacional son héroes para muchos opositores que los ven a diario en las marchas, las barricadas, los trancazos y, a veces, enfrentando a efectivos de seguridad devolviéndole las bombas de gas lacrimógeno que les lanzan.
Pero para el Gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, ellos son cabecillas “terroristas” de un complot golpista respaldado por Estados Unidos que busca controlar la enorme riqueza petrolera de la nación miembro de la OPEP.
Una decena de legisladores, todos con alrededor de 30 años de edad, pertenecen principalmente a los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, que están promoviendo la desobediencia civil contra un presidente al que llaman dictador.
Marchan casi sin equipo de protección, a diferencia de los jóvenes enmascarados y con escudos que los rodean, aunque sus simpatizantes y ayudantes forman círculos para protegerlos.
Tampoco han recibido sus salarios desde que les restringieron los fondos a la Asamblea Nacional y viven de donaciones y regalos de familiares y amigos. Y, algunos, todavía viven en casa con sus padres.
Uno de los más conocidos, Juan Requesens, de 28 años, ha recibido más golpes que otros diputados. Él cuida una cicatriz en la cabeza causada por un tronco que le lanzaron seguidores del gobierno, heridas en su cuerpo por perdigones y lacrimógenas y rasguños sufridos cuando fue empujado en una alcantarilla profundo por soldados de la Guardia Nacional.
“Cuando estoy con los compañeros que fallecen, que caen al lado mío (…) Eso es lo peor”, dijo Requesens a Reuters y confesó que había estado cerca de nueve muertes desde que emergió la actual ola de protestas en abril.
La oposición exige elecciones generales anticipadas y medidas para combatir el hambre y la escasez de medicamentos. Las muertes han incluido no sólo a los manifestantes, sino también a partidarios de Maduro, peatones y miembros de las fuerzas de seguridad.
También hay miles de heridos y cerca de 1.500 personas permanecen detrás de las rejas, según grupos locales de derechos humanos, luego de redadas en todo el país.
Requesens, quien representa el estado occidental del Táchira, donde hay una oposición radical a Maduro, reconoce libremente su papel de “agitador” de la oposición. Pero a pesar de su dura imagen, obedeció la orden de su madre de quedarse en casa después de la lesión en la cabeza.
“Por cuatro días no me ha dejado salir. Pero estuvo bien porque guardé reposo y pude recuperarme más rápido de la herida”, contó.
Algunos han apodado al grupo de legisladores como “la clase de 2007” por sus raíces en un movimiento estudiantil hace una década que ayudó a la oposición a obtener una victoria inédita contra el popular predecesor de Maduro, Hugo Chávez, en un referéndum.
“Es un grupo que nació en la calle, nació en 2007 protestando. Y se reencuentran 10 años después en lo mismo”, dijo el diputado Juan Mejía, de 31 años, educado en Harvard.
“Lucha existencial”
Mejía, diputado por el estado de Miranda, que incluye parte de la capital Caracas, perdió a un conocido en una protesta y a otro en un accidente mientras iba a una marcha.
“Para nosotros, esta es una lucha existencial”, agregó. Dijo que su generación creció bajo el dominio socialista y que está harta de las dificultades económicas, el crimen y la represión política.
“A mis 31 años, yo quisiera vivir de mi trabajo, yo sé que no puedo (…) No quiero depender de mis padres toda mi vida”, agregó desde un hotel donde los integrantes de la oposición planificaban estrategias.
Los funcionarios acusan a los diputados de pagarle a jóvenes e incluso a niños de sólo 12 años para atacar a las fuerzas de seguridad, bloquear carreteras y quemar propiedades. Y han sido amenazados con ir a la cárcel.
Las aerolíneas locales estatales se niegan a venderles boletos aéreos, y las privadas están bajo presión para hacer lo mismo, lo que significa que no pueden viajar al interior del país, cuentan los diputados.
A algunos también se las ha anulado o confiscado el pasaporte, impidiéndoles viajar al extranjero.
En un discurso reciente, Maduro se refirió a Freddy Guevara, un diputado de 31 años que lidera Voluntad Popular mientras su líder Leopoldo López se encuentra preso, como “Chucky” refiriéndose al muñeco diabólico en las famosas películas de terror.
También señaló a Miguel Pizarro, un diputado de 29 años que toca la batería y milita para el partido Primero Justicia a quien recientemente los venezolanos vieron llorar en una conferencia de prensa luego de que falleciera un joven de 17 años cerca de él en una protesta en Caracas.
“El pone cara de bobo y por detrás manda a asesinar y a quemar”, dijo Maduro. “Pizarro, que me escuchas, tu llevas por toda tu vida lo que ha pasado aquí”, agregó.
Los diputados se burlan de eso, diciendo que ahora llevan los sueños de la nación por el cambio, mientras que Maduro cada vez más desesperado se aferra al poder contra la voluntad de la mayoría.
Su meta es la protesta pacífica y, de hecho, cuando las marchas no han sido bloqueadas -como una hacia las oficinas de un canal local y otra hacia la sede de la Iglesia Católica- no han encontrado problemas.
Sin embargo, algunos admiten que han lanzado de vuelta los gases lacrimógenos, y han sido criticados por no haber hecho lo suficiente para controlar la violencia dentro de las filas de la oposición.
José Manuel Olivares, diputado de 31 años para el estado Vargas, es médico y dice que su profesión lo aleja de la violencia. Recientemente recibió 12 puntos de sutura después de recibir un golpe en la cabeza de una bomba lacrimógena y a menudo ha tenido que prestar primeros auxilios durante manifestaciones.
Sin embargo, defiende que los manifestantes tienen derecho a la “autodefensa” y admite usar guantes para devolver las bombas lacrimógenas.
“Si yo estoy rodeado de abuelos, de adultos, o hasta de mi familia y cae una bomba lacrimógena, es un hecho legítimo de defensa regresar una bomba lacrimógena”, dijo.
“Eso no quiere decir que somos mártires (…), es el mejor ejemplo que podemos dar, vamos a luchar por el país, y aquí estoy yo, aquí estoy arriesgándome igual que tu”, añadió.
Por Andrew Cawthorne y Victoria Ramírez/Reuters
Fotos Reuters
