El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, cuestionó desde la sede de las Naciones Unidas en Ginebra la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz que, entre otras cosas, le impide salir del país y congela sus bienes.
La decisión del Tribunal se suma a otras adoptadas en días recientes otorgando atribuciones del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo. “Este es otro paso más contra la institucionalidad democrática y la autonomía del Ministerio Público de Venezuela”, explicó el Relator Especial.
“Dos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia adoptadas esta semana afectan seriamente la independencia y funciones de la Fiscal General y del Ministerio Público. La primera, anula el nombramiento del vice Fiscal General, transfiriendo esa atribución al Tribunal Supremo de Justicia, mientras la segunda interfiere en las investigaciones de hechos punibles a cargo del Ministerio Público, otorgando atribuciones exclusivas de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo”, señaló el Sr. García-Sayán.
Las medidas de restricción de derechos a la Fiscal dispuestas por el Tribunal Supremo se mantendrán vigentes hasta una audiencia el 4 de julio de 2017, en la cual se decidirá si hay méritos para enjuiciar a la Fiscal, quien ha sido acusada por un diputado del bloque de gobierno de “faltas graves” en el ejercicio de su cargo público.
El Relator Especial llamó al Tribunal Supremo de Justicia a que rectifique estas medidas y abandone todo tipo de actos que reduzcan las funciones otorgadas legales y constitucionalmente al Ministerio Público y el Fiscal General de Venezuela, así como actos que afecten los derechos individuales de la Fiscal General Ortega Díaz. “Cualquier investigación o acción judicial debe ser llevada a cabo de manera transparente y con estricto respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico”, subrayó el Relator Especial.
“Es fundamental evitar cualquier tipo de medida de intimidación en contra de la fiscalía. La independencia y capacidad de un fiscal de investigar delitos, incluyendo violaciones de derechos humanos, es necesaria para el funcionamiento de un sistema democrático”, destacó el experto de la ONU.
El Relator García-Sayán reiteró que seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela, en cumplimiento de la responsabilidad de su mandato de velar por la independencia de magistrados y fiscales en el mundo.