“La recién designada Vicefiscal de General de la República por la Sala Constitucional del TSJ, como vicefiscal General de la República y quien fuera Viceministro de Investigación Penal del Ministerio del poder popular de Justicia y Paz (MPPJP), también fiscal 20 provisoria del Ministerio Público, Katherine Harrington, es una criminal que debe ser procesada, enjuiciada y detenida, por delitos de lesa humanidad. Es inocultable y tenemos abundantes pruebas que comprometen penalmente a esta funcionaria, protegida por el presidente Nicolás Maduro y por los magistrados del TSJ”.
Nota de prensa
Así lo ratificó el diputado (J) de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, ONG defensora de los Derechos Humanos, Walter Márquez, quien considera insólito que en vez de haberse solicitado una investigación en contra de Harrington, la ascendieron anteriormente a un cargo de investigación penal, cuando debieron haberla investigado por violación del debido proceso contra opositores al régimen, a quienes les simuló hechos punibles; también por la masacre de La Fría en el estado Táchira ocurrida el 16 de mayo de 2014, hecho que ella dirigió personalmente en el operativo de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana –PNB- durante el cual se masacró a cuatro personas inocentes y detuvieron a otros seis sin pruebas que los inculpara.
Destacó Márquez que en su época formalizó la denuncia contra Katherine Harrington, ante instancias nacionales e internacionales contra la recién designada ilegalmente vicefiscal general de la República, porque ésta cometió graves delitos de violación de derechos humanos que no prescriben de acuerdo a la Constitución de la República y tratados internacionales. Está seguro que tarde o temprano será enjuiciada, junto al Jefe de Estado de Venezuela Nicolás Maduro, por delito de encubrimiento y crímenes de lesa humanidad.
Recordó Márquez que ella autorizó el allanamiento del hotel AlexKlay de La Fría, estado Táchira, sin orden judicial, la cual fue publicada al día siguiente. “El juez firmó la orden de allanamiento, después que se había ejecutado la masacre, y permitió violencia contra mujeres y hombres que estaban en el lugar, y fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios policiales, quienes simularon hechos punibles, junto con la fiscal Harrington”.
Destacó que de las cuatro personas masacradas en ese hecho: Luis Antonio Duarte, Luis Miguel Morales, Oswaldo Rodríguez y Anderson Javier Moreno, dos de ellos estaban vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela –Psuv-, y otra persona de nacionalidad colombiana, quien era vendedor. Respecto a los detenidos, comentó que se los llevaron a Caracas acusándolos de terrorismo, siendo que no existe ninguna prueba de ello; de legitimación de capitales, cuando no tenían ni si quiera cuentas bancarias; de extorsión, y no mencionan quién sería la víctima. También les sembraron armas y todavía siguen detenidos arbitrariamente.
“¿Cómo pudo haber sido Fiscal del Ministerio Público, Viceministro de Investigación Penal del MPPJ y Paz y ahora vicefiscal General de la República, una persona que ha cometido gravísimos delitos de violaciones de derechos humanos? ¿Cómo la Sala Constitucional del TSJ designó vicefiscal General a una delincuente como Harrington?, se pregunta Márquez.
Al estilo nazi
En este sentido dijo Márquez que “con falso el argumento de que la Asamblea Nacional está en desacato, la Sala Constitucional del TSJ ha organizado un juego de ajedrez macabro que nos hace recordar la época de la justicia nazi y del fascismo europeo, en virtud de que en primer lugar, a través de Pedro Carreño, un parlamentario detestable en la historia venezolana, le iniciaron un antejuicio de mérito a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, declararon procedente la prohibición de salida del país y la congelación de sus bienes, y ahora ante la ratificación por parte de la Asamblea Nacional del actual Vicefiscal General de la República, con el argumento falso del desacato, porque no existe esta figura en la Constitución de la, ya que lo que hay es una controversia constitucional entre dos poderes públicos de misma jerarquía, aunque la Asamblea representa varios millones de venezolanos, mientras que el Tribunal Supremo solamente represente a unos magistrados designados de manera ilegal por una Asamblea saliente”.
— Con esos falsos argumentos destituyen al vicefiscal Rafael González y designan ahora a una de las más grandes delincuentes de la historia contemporánea venezolana como es Katherine Harrington para ocupar ese cargo, desconociendo el nombramiento del vicefiscal por parte de la Asamblea Nacional. Mañana cuando se presente la fiscal general tenemos información que la van a destituir de su cargo y van a encargar en su lugar a Harrington, por su amplio prontuario criminal, expresó Márquez.
Señaló el parlamentario jubilado lo ocurrido es el mayor símbolo del deterioro del gobierno, “designar a una delincuente que ha participado en masacres, violado el debido proceso, perseguido a la disidencia política como fiscal. Se entiende que por la ley de afinidad criminal unos delincuentes la nombran para proteger a otros delincuentes. Como historiador recuerdo esos momentos oscuros de la historia universal, como fue la justicia nazi que hoy implementa el Tribunal Supremo de Justicia
Otros casos
Entre los casos en los que ha participado Harrington, Walter Márquez recordó la ocupación ilegal del Complejo Turístico Perla Mar, en Nueva Esparta, desarrollo que tenía 96% de avance y más de 110 mil metros de construcción del empresario Parsifal D’Sola, principal accionista.
Resaltó que también imputó a Tamara Sujú, del Foro Penal; a Yendri González, quien interrumpió la juramentación como presidente de Nicolás Maduro en la AN; al alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, a Leopoldo López, a Gaby Arellano, a Juan Rodrigo Diamante, presidente de Un Mundo sin Mordaza; autorizó que el Sebin interceptara la línea telefónica de María Corina Machado por un supuesto plan magnicida y de golpe de Estado.
Destacó Márquez que la entonces fiscal 20 nacional Katherine Harrington ordenó el allanamiento a la médica Ana María Abreu, cuñada de Rocío San Miguel, coordinadora de Control Ciudadano, actuó en el caso de la juez María Lourdes Afiuni e inició una persecución contra Diego Arria, Gustavo Tarre Briceño y Henrique Salas Römer. También procedió en el caso de Nelson Mezerhane y en la intervención del Banco Federal.
Walter Márquez indicó que el gobierno norteamericano cuando ordenó hace varios meses suspender su visa y congelar sus bienes, tenían razón al pedir que ésta funcionaria del ejecutivo venezolano sea enjuiciada, porque los Estados Unidos está cumpliendo con un principio universal que es la defensa de los derechos humanos. “Lo mismo tiene que hacerse ahora ante la nueva designación como vicefiscal general de la República, en la Comunidad Europea, Unasur, la CIDH de la OEA y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, quienes deben pedir que se investiguen todos los casos en la que está involucrada Katherine Harrington pues su designación es un desafío a la justicia internacional, un desafío a la moral pública, es un desafío a los valores de justicia y al debido proceso, por lo que en vez de designarla alta funcionaria público debe estar presa” por graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, concluyó el parlamentario e historiador tachirense.