Toda medida que tome el régimen y su estafeta leguleya, con sus abyectos “mujiquitas”, el TSJ, es ilegítima e ilegal, sus actuaciones carecen de ejecutoredad legal y formal para quienes lo desconocemos. Ahora bien, la excarcelación de LL es una acción de hecho de un régimen político cuyas decisiones se toman en base a los intereses de sus factores de poder que busca darle un rostro legal y legítimo al TSJ y de humanidad al diabólico Maduro, buscando su virtud postiza desde el cinismo. Que ha ocurrido, si ¿Que la acatamos? La pregunta es si la aceptamos y la respuesta es si, porque nuestra desobediencia es un acto superior de dignidad para recuperar nuestros derechos ¡no es una negación de nosotros mismos y de nuestros derechos! El, Leopoldo, tiene derecho a estar libre, no lo está, pero esta acción -que es una medida del gobierno- sólo nos da la razón para desconocer a un gobierno injusto que ha pisoteado la CRBV ¿O es que LL fue juzgado con garantías? Luego, nada ha cambiado ni debe cambiar en nuestra actitud de desobediencia y desconocimiento al régimen.
Si esto es una señal del gobierno dictatorial, bienvenida; que venga la próxima señal y reconozca a la AN, libere a los presos políticos, desmonte la espuria convocatoria de la CdeM (constituyente de Maduro) y fije ya el CNE elecciones regionales para el 27 de agosto. Recordemos que el 333 nos señala la vigencia e intangibilidad constitucional y nuestra obligación de restablecer la CRBV; y el 350 nos impulsa a desconocer el régimen perpetrador, no a reconocer los detalles y sus maniobras: esta decisión no legitima ni al TSJ cuya composición espúria sólo se supera con la renuncia o destitución; ni al regimen dictatorial que está en el extravío autoritario y contraconstitucional. Bien por el contrario, los desnuda y los señala en su vesánia y criminal conducta contra todo sentido de institucionalidad e imperio legal.
*Justo Mendoza, doctorante en Estudios Políticos-ULA. Dtor Nnal de Formación Política de Avanzada Progresista.