En Venezuela hay 433 presos políticos que se han convertido en una piedra en el zapato para el gobierno chavista, y aunque todos los casos reflejan en alguna medida las manipulaciones y torsiones del sistema de justicia del país para castigar a la disidencia política, hay procesos emblemáticos.
Por redacción internacional de el diario El Tiempo (Colombia)
Iván Simonovis fue condenado a 30 años de prisión por participar en el golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, en abril de 2002, cuando era jefe de seguridad ciudadana. En estos momentos paga su condena en la modalidad de casa por cárcel. Es considerado el primer preso político en la revolución. Lo acusan de dos muertes en el intento de golpe de Estado del 2002. Sin embargo, su caso estuvo plagado de irregularidades y se ha creído siempre que su dura condena se profirió para tratar de aplacar a la disidencia.
Antonio Ledezma fue alcalde de Caracas hasta febrero de 2015. Fue detenido y acusado de participar en la Operación Jericó, que pretendía derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Continúa en arresto domiciliario y su caso también está plagado de irregularidades. Su mediática captura fue seguida por millones de personas por televisión.
Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, (con gafas) quien fue capturado en su oficina y sacado a empujones de la Alcaldía. Foto: Efe
Yon Goicoechea. Este joven estudiante está en una prisión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desde hace casi y año y se dice que está por salir. Además, tiene una boleta expedida por un juzgado para que sea excarcelado, pero el Sebin ha omitido esa orden.
Daniel Ceballos fue alcalde de San Cristóbal, en el estado de Táchira, cuando fue capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Se le acusa de rebelión civil. Le dieron casa por cárcel y lo regresaron a la prisión 26 de julio en el estado Guárico.
Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel, estudiantes universitarios, fueron condenados a ocho años de prisión por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro en el 2014. Están presos en Tocorón en el estado Aragua. Permanecen en una prisión junto con delincuentes comunes.
Lorent Saleh era un estudiante y activista político que vino a Colombia y que fue expulsado del país por presuntamente violar las leyes de migración que prohíben el proselitismo político. El gobierno de Juan Manuel Santos lo expulsó y en Venezuela fue juzgado y está preso.
Gabriel Valles es un activista e ingeniero de sistemas, quien era director ejecutivo global de la ONG Operación Libertad y fue expulsado por Migración Colombia argumentando seguridad nacional. Había entrado al país en junio de 2014 bajo un permiso que, de acuerdo con la Cancillería, se le otorgó al ciudadano venezolano para actividades de descanso o esparcimiento en calidad de turista por 90 días. Se le acusó de realizar actividades expresamente prohibidas por las normas migratorias.
Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal en el estado Táchira. Foto: Efe
Delson Guarate fue alcalde del municipio Mario Briceño del estado Aragua. En septiembre del 2016 fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional sin que se conozcan las causas; denunció el partido Voluntad Popular.
Catorce policías de Chacao. A los 14 funcionarios de la Policía del municipio caraqueño de Chacao se les detuvo hace casi un año por su presunta vinculación con el homicidio del exdirector de prensa del Parlamento, cercano al chavismo. Son Venus Medina, Fred Mavares, César Mijares, María Pérez, Ángel Sánchez, Reggie Andrade, Alfredo Chirinos, Jorge Delgado, Miguel Jonosky, Edgar González, Eduardo Salazar, Jhonny Velásquez, Darwin Herde y Ever Meneses. Sin embargo, el Sebin se ha negado a recibir las boletas de excarcelación.