El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tenía previsto este miércoles decidir si abre un juicio y autoriza la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, símbolo de la disidencia chavista que enfrenta al presidente Nicolás Maduro, aunque el veredicto podría dilatarse.
AFP
El plazo de cinco días que se fijó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pronunciarse se cumplía este miércoles, pero el Código Orgánico Procesal Penal da un lapso de 30 días para decidir en este tipo de casos, recordó a la AFP el penalista Jesús Ollarves.
“Pueden estar tomándole el pulso a la situación política antes de decidir”, estimó el experto.
Ortega se rebeló contra el gobierno justo al inicio de protestas opositoras que dejan 95 muertos desde el 1 de abril y exigen la salida de Maduro.
La abogada, de 59 años, fue acusada por el diputado oficialista Pedro Carreño de “mentir” al afirmar que no avaló la designación, según ella “amañada”, de 33 magistrados del TSJ por el anterior Parlamento chavista, en 2015.
“En poco tiempo, hoy, mañana o cuando sea, van a declarar que el juicio procede”, comentó a la AFP el politólogo Luis Salamanca.
El constitucionalista José Ignacio Hernández no descarta que el TSJ -acusado de servir al gobierno- postergue la decisión porque ordenó una prueba grafológica para determinar la autenticidad de una firma con la que, según Carreño, la fiscal avalaría en un acta el nombramiento de los jueces.
“Es un proceso absolutamente viciado, una marramucia (suciedad)”, declaró Henrique Capriles, que al igual que la mayoría de opositores apoya a Ortega.
“No tengo miedo” –
La fiscal afirma que se mantendrá en el cargo, aun si se ordena su destitución, para defender el restablecimiento del orden constitucional, que según ella interrumpió Maduro a través del TSJ con fallos que socavaron las facultades del Parlamento, dominado por la oposición desde 2016.
El periodo de Ortega vence en 2021.
“No he cometido ningún delito. Denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos”, insistió Ortega en una entrevista radial.
En medio del enfrentamiento, aceleró en estos días imputaciones contra varios funcionarios por supuesta corrupción, y de militares bajo cargos de violación de derechos humanos.
Este miércoles, la Fiscalía también citó a la esposa y la suegra del diputado y exministro chavista Haiman El Troudi por presunta corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.
Ortega denunció este miércoles la anulación del pasaporte a un funcionario que delegó para un foro de fiscales que analizará su caso en Argentina. Pero dice no temer a represalias.
“Todo es posible, hasta que me pidan una orden de captura. Lo máximo que me pueden hacer es que me maten. No tengo miedo”, había dicho el martes.
Poco antes de la audiencia del 4 de julio, a la que Ortega no asistió por considerarla un “circo”, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Haringhton, abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de violar los derechos humanos.
“Esto puede revolver el ambiente político mucho más de lo que está”, advirtió Salamanca, al referirse a que por una parte Ortega no reconoce a Haringhton y por otra es al Parlamento al que corresponde la remoción.
Pero el Legislativo -que apoya a la fiscal- fue declarado en desacato por el TSJ, que ha anulado todas sus decisiones, por lo que podría ordenar directamente la destitución.
“Muertos sin y con Constituyente” –
El futuro de Ortega es decidido en una semana de intensa movilización de opositores y oficialistas en contra y a favor de una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal rechaza por considerarla violatoria de la democracia.
El gobierno realiza esta semana actos de campaña para promocionar a sus candidatos de cara a la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indeterminado y que según la oposición busca imponer un “régimen al estilo Cuba”.
De su lado, la oposición organizó un plebiscito simbólico para el próximo domingo, confiada en mostrar un rechazo masivo a la Constituyente, que llega al 70% según la firma encuestadora Datanálisis.
Carreño gestiona un recurso de nulidad del plebiscito, porque se hará sin el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de oficialista.
“El gobierno siente que está muerto sin Constituyente. Y la oposición siente que está muerta con Constituyente. Se necesita alguien más para destrancar”, opinó el analista Luis Vicente León.
Apoyando una negociación, Ortega ha dicho que desea convertirse en un “factor de diálogo”. “Ojalá pudiera tener una reunión franca con el presidente (…) y con la oposición”, aseveró.