El número de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos en los primeros seis meses del año es casi el doble que en todo 2016, alertó hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Durante el año pasado, 27.000 venezolanos presentaron solicitudes de asilo en el mundo entero, una cifra que ha ascendido hasta los 52.000 de enero a junio de este año.
“Estos datos representan solo una fracción del total de venezolanos que pueden necesitar protección internacional, dado que muchos no se registran como solicitantes de asilo, a pesar de que huyeron a causa de la violencia y la inseguridad, así como su incapacidad de poder sobrevivir”, afirmó en rueda de prensa William Spindler, portavoz del ACNUR.
“Gracias a una larga tradición de solidaridad” en los países latinoamericanos, los ciudadanos venezolanos pueden residir en los países limítrofes bajo distintos tipos de residencia temporal, explicó.
Aunque alertó de que “a causa de obstáculos burocráticos, de periodos de espera muy largos, y del alto precio de las tasas, muchos venezolanos optan por quedarse en una situación irregular en lugar de usar los procedimientos de asilo o migratorios para regularizar sus situación”.
Según ACNUR, muchos de los 300.000 venezolanos que residen en Colombia, de los 40.000 en Trinidad y Tobago, y de los 30.000 de Brasil “pueden estar en esa situación”.
De los que sí han solicitado asilo, los principales países de destinos son Estados Unidos (18.300), Brasil (12.960), Argentina (11.735), España (4.300), Uruguay (2.072) y México (1.044).
Spindler especificó que ACNUR pide a los países que rechacen una solicitud de asilo que “no expulsen a esa persona a Venezuela, dado que entendemos que su retorno puede exacerbar la situación”.
Joel Millman, portavoz de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), especificó que en las fronteras entre Venezuela y sus vecinos, especialmente con la colombiana, se da lo que denominan “migración pendular”, cruces constantes de ida y vuelta.
“Sí que hay gente que emigra de verdad, pero lo que se da muchos son cruces de unas horas o de unos días para comprar comida y medicamentos del otro lado de la frontera a causa de la escasez que reina en Venezuela”, afirmó.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy al Gobierno venezolano que no use la Justicia militar para juzgar a civiles, una práctica a la que han sido sometidos casi medio centenar de personas y a la que el Gobierno no parece querer renunciar.
“Urgimos al Gobierno a que inmediatamente deje de usar la Justicia militar para juzgar a civiles, algo que es contrario a la ley internacional de derechos humanos, particularmente con respecto al debido proceso y a la garantías”, afirmó Elizabeth Throssell, portavoz de la Oficina en rueda de prensa.
El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, advirtió ayer de que la Justicia militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la Asamblea Constituyente, proceso que tendrá lugar el próximo 30 de julio y a la que se opone la oposición.
Sobre la situación en general del país, Throssell dijo que “les preocupaba mucho” y urgió a todos los venezolanos a “usar medios pacíficos para hacer oír su voz”.
Con respecto a la consulta pública que la oposición ha organizado para este domingo, el Alto Comisionado urgió al Gobierno a “respetar los deseos de todos aquellos que quieren participar y a garantizar el derechos de la población a la libertad de expresión, asociación y asamblea”.
Denunció que las fuerzas del orden hayan sido excesivas en sus acciones para reprimir manifestaciones, y que el Gobierno haya utilizado tácticas “represivas” para intimidar a la población.
Throssell recordó que desde abril 92 personas han muerto y 1.500 han resultado heridas en relación con las protestas ciudadanas contra el Gobierno y sus planes de modificar la Constitución.
EFE