Cuando se destaca la consulta popular como la genuina expresión ciudadana, se fortalece la democracia y las instituciones que la conforman. Lo contrario ocurre cuando se pretende limitar, minimizar o impedir esta, sobre todo cuando son las instituciones del estado quienes ejercen ese rol antagónico de que los derechos ciudadanos sean ejercidos y buscan evitar que se exprese la opinión popular a través del ejercicio del voto.
Nota de prensa
Hoy observamos con preocupación que ante la convocatoria realizada para llevar adelante una consulta popular para el próximo domingo 16 de Julio, realizada no solo por la Asamblea Nacional sino por casi todas las organizaciones partidistas, iglesia, gremios empresariales, sindicatos y una infinidad de organizaciones que participan y hacen vida activa en el quehacer nacional.
Se pretenda impedir y limitar la realización de la misma por parte de instituciones del estado, cuyo rol se ha convertido en antagónico a las posiciones asumidas por la evidente mayoría de los Venezolanos, que han manifestado su desacuerdo al proyecto de convocar para elegir una Asamblea Constituyente el próximo 30 de Julio, utilizando para ello todos los medios oficiales que se disponen, con la participación de los ministerios, gobernaciones, alcaldías, empresas estatales, etc. y la exigencia obligatoria a los empleados públicos de participar con su voto sino serán sancionados, igual ocurre con los que son beneficiados con cualquier programa o asistencia pública.
Jamás en nuestra historia Republicana un Gobierno ante la falta de apoyo popular pretende utilizar de forma tan evidente los recursos del estado para imponerse en un proceso electoral, organizado por ellos mismos, para buscar crear un sistema de total poder sobre los derechos ciudadanos, lo más preocupante es que han dicho públicamente que si no tienen los votos se impondrán por las armas, con ello demuestran su intención de desconocer la expresión popular que es el voto.
Esta participación ciudadana convocada para el próximo 16 de Julio permitirá conocer el sentimiento y opinión de los ciudadanos que con su asistencia masiva para ejercer su opinión a través del voto, demostraran como la mayoría manifiesta su desacuerdo, al proyecto de elegir un poder supra constitucional que se pretende convertir en el órgano rector de la vida nacional, con facultades para desconocer la actual Asamblea Nacional, destituir a la Fiscal General de la República o a cualquier funcionario electo que no acate las decisiones emanadas de esta Asamblea Constituyente, modificar el texto Constitucional vigente, o cualquier otra disposición que consideren necesaria para imponer un sistema político ideológico obsoleto y fuera del contexto de aspiraciones para los venezolanos. Tal como lo han venido anunciando los distintos candidatos y voceros oficiales.
Es evidente que esta disposición gubernamental busca el ejercicio del poder total sobre los Venezolanos, con plena facultades para imponer decisiones antagónicas y limitativas a nuestros derechos, las cuales son mayores aun a las que han venido ejerciendo el Gobierno a la fecha que ha actuado sin ningún tipo de limitación, cuyos resultados nos han conducido a la triste situación de pobreza que padecemos el 90% de los venezolanos, así como el grave deterioro económico y social que nos arropa.