Las fuerzas de seguridad venezolanas llegaron la semana pasada a un complejo de departamentos en una localidad a las afueras de Caracas tras una manifestación de la oposición, gritando acusaciones de que dentro había armas almacenadas, según dijeron testigos a Reuters.
Sin mostrar una orden judicial, decenas de efectivos arrancaron verjas y tiraron abajo puertas en el complejo de 11 edificios de Montaña Alta en Los Teques, dijeron residentes, agregando que dispararon pelotas de goma y gases lacrimógenos una vez dentro.
Estos allanamientos son una respuesta cada vez más habitual del gobierno del presidente Nicolás Maduro a tres meses de protestas opositoras, a menudo violentas, para exigir la convocatoria de elecciones anticipadas y una solución al caos económico en que está sumido el país.
Dilcia Díaz, de 63 años y residente de Montaña Alta, aseguró que las tropas rompieron con sus armas una ventana de su departamento, situado al nivel de la calle.
“Me apuntaron y me dijeron: ‘métase, señora, porque si no usted sabe lo que va pasar’. No querían que lograra ver lo que estaban haciendo”, comentó Díaz.
“Ellos llegaron con un ensañamiento, lanzando perdigones y bombas (lacrimógenas) hacia arriba, rompieron las cámaras, dejaron toda la planta oscura porque rompieron las luces”, agregó. Durante el allanamiento, que se produjo después de que un soldado de la Guardia Nacional fue disparado en una protesta cercana, los residentes dijeron que las tropas entraron también por la fuerza en otros departamentos.
Operaciones como la ocurrida en Los Teques suelen ir acompañadas de destrucciones arbitrarias y, a veces, robo de propiedad privada, además de la participación de hombres enmascarados no identificados, según los testigos.
No está claro cuántos allanamientos se han realizado sin orden desde que comenzó la última ronda protestas en Venezuela en abril, aunque reportes de medios y políticos opositores creen que al menos ha habido una docena.
Una operación similar en el barrio caraqueño de El Paraíso en junio fue condenado por la fiscal general, Luisa Ortega, que anunció acusaciones pendientes contra dos altos funcionarios de seguridad en parte por estos allanamientos.
El Ministerio de Información venezolano no respondió a una petición de comentario.
“Échate pa allá”
Líderes gubernamentales habían dicho con anterioridad que estos operativos son necesarios para controlar a elementos violentos que buscan derrocar a Maduro, destacando que dos oficiales de policía y dos efectivos de la Guardia Nacional han muerto en las protestas. Muchos otros resultaron heridos.
Desde la oposición se asegura que es una muestra más de que Venezuela se dirige a una dictadura con Maduro, que está liderando una iniciativa para crear un superorganismo legislativo que tendrá poder para disolver instituciones estatales.
Para que un allanamiento policial sea legal se requiere una orden judicial y la presencia de un fiscal estatal, señaló el abogado constitucionalista José Vicente Haro. Asimismo, agregó que debe tener como objetivos personas específicas sospechosas de actividad criminal en vez de entrar en edificios enteros en zonas de protestas, como ha sido habitual últimamente.
“Esta es una política sistemática del Estado para intimidar y amedrentar a aquellos que ejercen su derecho legítimo a la protesta”, comentó Haro, un destacado defensor de los manifestantes detenidos de manera arbitraria.
Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido en Venezuela (PSUV), pero que no tiene cometido oficial en la seguridad del Estado, anunció en mayo un plan denominado “Operación Tun Tun”, destinado a descubrir conspiraciones violentas antigubernamentales a través de allanamientos.
Días después, el agente de viajes Aristed López escuchó llamadas insistentes al timbre de su departamento en la comunidad residencial de San Antonio de Los Altos, a las afueras de Caracas, donde los manifestantes llevaban días enfrentándose a las tropas.
Cuando abrió la puerta, dos policías acompañados por cinco o seis hombres no identificados cubiertos con máscaras y portando rifles de asalto entraron por la fuerza en su casa, sin orden.
“No les dije que pasaran tampoco, solo abrí la puerta y me dijeron ‘échate pa allá'”, afirmó López, de 53 años, quien aseguró no haber participado en los enfrentamientos.
Dentro de su casa hallaron una vaina de gas lacrimógeno usada que su hijo de 17 años Eduardo había recogido como un recuerdo, una práctica rutinaria en un país marcado por las protestas.
Esto fue usado inicialmente como excusa para detenerle junto a su hijo, pasando respectivamente 10 y 22 días bajo arresto.
Fueron acusados de incitar a la violencia en una manifestación en otra parte de San Antonio de Los Altos, incluso aunque las cámaras de seguridad de su edificio mostraron cómo eran detenidos en el preciso instante en que supuestamente estaban protestando.
López, un devoto evangélico, cree que ambos recuperaron la libertad gracias a los rezos que encabezó durante su detención, como parte de un grupo de 17 personas que habían sido arrestadas en circunstancias similares.
“Uno queda en shock, porque tenemos una constitución que dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”, indicó López durante una entrevista en su casa. “Lo que puedo concluir es que aquí no hay ley. Esto es la ley de la selva”.
Por Brian Ellsworth/Reuters
